Los supervivientes del Aquarius piden al Gobierno que regularice su situación

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Hace ya dos años, concretamente el 17 de junio de 2018, atracaba en Valencia el buque Aquarius -y otros dos buques en los que se repartieron los más de 600 migrantes que se hacinaban en un principio en él- convirtiéndose así en símbolo del espíritu acogedor y solidario de la ciudad de València. Una ciudad que, ya entonces, enarboló la bandera de ciudad refugio y ofreció lo mejor de sí misma para ayudar a un numeroso grupo de seres humanos en una desesperada situación.

Aquel hecho marcó un hito que visibilizó una realidad cruel, despiadada y en algunos momentos controvertida con el mar Mediterráneo como escenario. Y puso el objetivo sobre una situación que requería acciones urgentes de la Unión Europea en su conjunto y que determinados países del entorno dejaran de mirar para un lado.

Dos años y tres días después -como una sentencia con condena-, algunos de los supervivientes de aquella aventura se han concentrado en la ciudad que les acogió para pedir al Gobierno de Pedro Sánchez que regularice su situación y, por extensión, la de todos los refugiados que se encuentran en las mismas condiciones que ellos. Se celebra, cosas de la vida, el Día Internacional de las Personas Refugiadas.

El acto se celebró a las 20 horas en un lugar también emblemático del activismo ciudadano valenciano, la plaza de Patraix, cuna de uno de los movimientos vecinales más comprometidos que se recuerdan -por citar un ejemplo, a la memoria acuden iniciativas como la emprendida en este barrio de Valencia para ayudar a los afectados por el tristemente célebre terremoto de la población murciana de Lorca-.

Los participantes en el acto han sacado la famosa ‘tarjeta roja’ -no confundir con la acepción futbolística- que les acredita como solicitantes de protección internacional y les permite vivir y trabajar legalmente en nuestro país hasta que el Gobierno responda a su solicitud de regularización.

Lamentablemente, estos permisos las empresas los desconocen, lo que hace que no acepten en la gran mayoría de casos a estas personas cuando acuden a ellas a pedir trabajo.

La ayuda del Gobierno duró 18 meses y llegó a su fin el pasado mes de diciembre. Desde entonces, todos han salido del programa de acogida y la crisis del COVID-19 no ha contribuido precisamente a que su situación se acerque a normalizarse. Sin trabajo, sin comida, sin ayuda. En sus camisetas azules, un lema “In Spain we trust (en Espala confiamos).

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