Trabajadoras del Servicio de Atención a Domicilio (SAD) de la Comunitat Valenciana se han manifestado este domingo en las calles de València para denunciar la desprotección del colectivo y exigir entornos laborales dignos y seguros. La protesta, convocada de forma conjunta por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la plataforma sectorial del SAD, ha servido de altavoz para censurar la “brutal precariedad” estructural que arrastra esta actividad esencial, así como la “violencia patronal” a la que se ven sometidas las empleadas de un sector encargado de cuidar a las personas más vulnerables.
Duras denuncias sobre la situación de los centros
Durante la movilización, algunas profesionales han compartido testimonios directos muy críticos respecto a la gestión asistencial y a la falta de recursos en el ámbito del cuidado de mayores. Es el caso de la trabajadora del sector de la dependencia, Navarrete, quien justificó su reciente dimisión debido a la explotación laboral cruda que asegura haber presenciado “desde el minuto cero”.
Navarrete ha censurado con dureza la extrema “falta de personal” y situaciones de grave dejadez en la atención: “Viven en camas que hace años no se han cambiado, donde hay cucarachas y deficiencias en la alimentación, mientras las familias pagan entre 3.000 y 3.500 euros al mes”, llegó a denunciar de forma pública.
Exigencia de homologación salarial y reproches políticos
La manifestación ha contado con representación institucional a través de la diputada y portavoz de Servicios Sociales de Compromís en Les Corts Valencianes, Nathalie Torres. La parlamentaria ha explicitado el apoyo de su grupo a las reivindicaciones del SAD mediante la presentación de una iniciativa parlamentaria que persigue la homologación salarial del colectivo y la mejora sustancial de las condiciones físicas de trabajo, advirtiendo de las “graves afecciones físicas” que acumulan estas profesionales con el paso de los años debido a la carga de esfuerzo de su labor diaria.
Asimismo, Torres ha apuntado a la necesidad de obtener una “buena financiación” para la Ley de Dependencia —reclamando que el Estado asuma el 50% correspondiente— y ha dirigido duras críticas a la gestión autonómica: “El gobierno valenciano debe hacer una buena gestión de los mayores; actualmente perdemos 9 millones de euros en dependencia por la mala gestión de la consellera Elena Albalat”, ha zanjado la diputada.
