La Comissió Ciutat-Port denuncia que la ampliación del puerto podría incurrir en un posible delito ambiental

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El colectivo Comissió Ciutat-Port, integrado por las organizaciones Per L’Horta, Acció Ecologista-Agró, Ecologistes en Acció, Associació de Veïns i Veïnes Natzaret i Plataforma El Litoral per al pobles, ha asegurado que Puerto de València podría incurrir en delito medioambiental y en prevaricación si sigue adelante la ampliación norte, actualmente en fase de adjudicación.

El colectivo formalizará en los próximos días sus alegaciones al proyecto en las que denuncia las infracciones legales en las que incurre el proyecto aprobado en 2018 y que la autoridad portuaria pretende ejecutar sin la preceptiva declaración de impacto ambiental (DIA) que lo avale.

Según los colectivos sociales y vecinales, “la Autoridad Portuaria no puede convertirse en una autoridad exenta de cumplir la legalidad y los principios de sostenibilidad ambiental, más si cabe cuando se trata de la protección de la salud de la ciudadanía, la protección del medio ambiente y el patrimonio y los recursos públicos”.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria tiene previsto realizar la selección provisional del concesionario de la ampliación norte del puerto, la empresa que deberá ejecutar las obras y explotarlas durante 35 años.

Según el colectivo ciudadano, “seguir adelante con el proceso a sabiendas de las presuntas irregularidades advertidas, no solo por los colectivos ciudadanos sino por el propio Ayuntamiento de València, supondría incurrir en prevaricación para aquellos miembros del consejo de administración que respalden la aprobación”.

Las mismas fuentes han resaltado que la autoridad portuaria de Valencia pretende ejecutar un proyecto de ampliación del puerto con una declaración de impacto ambiental que corresponde a un proyecto anterior y notoriamente distinto que data de 2007.

Por eso, el colectivo considera que la ejecución de las obras previstas en el proyecto actual, y no contempladas en la declaración de impacto ambiental de 2007, “podrían constituir delito medioambiental en tanto que afectan a entornos sensibles y especialmente protegidos”.

Entre las diferencias esenciales respecto al proyecto original de 2007 se encuentra un aumento en los volúmenes de dragados y zanjas de cimentación de los muelles, que pasarían de 1’5 millones de metros cúbicos a más de 4’5 millones, aumentando en un 300 % el volumen contemplado en la declaración de impacto.

El proyecto actual añade además demoliciones de infraestructuras que la evaluación ambiental no contemplaba, como el desmantelamiento del contradique norte y de los muelles de cruceros, que fueron ejecutados como parte del proyecto original.

El nuevo proyecto añade también una ampliación del actual dique de abrigo norte en 505 metros y contempla una disposición distinta de los muelles y explanadas respecto a las 2 fases contempladas en 2007.

Por estas razones la Comissió Ciutat-Port concluye que la DIA de 2007 no es válida para amparar las obras que la Autoridad Portuaria pretende realizar en 2019, por lo que exigirá una nueva evaluación ambiental del proyecto para determinar su afectación a zonas protegidas del entorno.

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