Decenas de vecinos intentan paralizar el desahucio de Miguel y Marcia, un matrimonio de sexagenarios de Benimaclet

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Decenas de miembros de asociaciones contra los desahucios como la Comunidad de Activos Titulizados (CAT) o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se han congregado de nuevo esta mañana en el número 25 de la calle Hermanos Villalonga, en Benimaclet, para evitar el desahucio por ejecución hipotecaria de Miguel y Marcia, un matrimonio de sexagenarios.

desahucio BenimacletEsta es la segunda concentración que se realiza después que el pasado viernes la comisión judicial no se personase en Benimaclet para realizar el desahucio. Hoy esperan que la juez firme la moratoria solicitada y aplace hasta 2020 el desahucio. De momento los convocados siguen a las puertas del domicilio ante la posible llegada de la comisión judicial o ante la llegada del fallo del juez.

Según ha informado a Hortanoticias una portavoz de CAT, los afectados han presentado alegaciones a la ejecución hipotecaria porque la entidad financiera que concedió el crédito ya no existe y porque vendió la deuda, es decir que titulizó el préstamo hipotecario.

Además, según las mismas fuentes, en el proceso de subasta se obtuvo un sobrante de 65.000 euros que el fondo de titulación debería devolver al matrimonio en caso de que se ejecutase el desahucio.

En opinión de los responsables de los citados colectivos anti-desahucios, los afectados en este caso tienen derecho a una moratoria de su deuda hasta 2020 en virtud de la Ley 1/2013 que establece medidas de protección de deudores en riesgo de exclusión.

Según los datos ofrecidos por la PAH, en la Comunitat Valenciana se produjeron un total de 5.986 lanzamientos hasta septiembre de 2018 (44.606 en toda España), de los que el 40 % se debieron a ejecuciones hipotecarias, el 58 % por impago de alquiler y el 2 % restante a ocupaciones u otros motivos.

Esta organización ha convocado una rueda de prensa en la sede del PSPV de Valencia para denunciar lo que entienden como disfunciones de la Ley de Crédito Inmobiliario, que en su opinión promueve el “blanqueamiento de cláusulas abusivas y no protege adecuadamente a los deudores”.

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