Así pues, el TSJ desestima el recurso de apelación, imponiendo las costas del juicio a los apelantes, y ratifica la sentencia al considerar que la autorización del Consistorio para la ampliación de los depósitos en 100.000 metros cúbicos de hidrocarburos no se hizo conforme a la ley pues la compañía se encuentra a menos de los 2.000 metros exigidos de un núcleo urbano.
Tanto el Consistorio como la empresa han alegado que se trata de una actividad de interés público para intentar justificar su ubicación a 500 metros de las viviendas del barrio Roca-Cuiper ya que la ley que establece el límite en 2.000 metros también incluye la posibilidad de reducir la distancia en casos excepcionales.
Una excepcionalidad que la sala no ha considerado probada ya que la empresa podría ejercer su labor exactamente igual a 1.500 metros de distancia de donde se encuentra ahora ubicada, según recoge el auto que, del mismo modo, insiste en la peligrosidad del almacenamiento de hidrocarburos tan próximo a zonas habitadas.
El concejal Josep Bort denunció los hechos
La desestimación de este recurso y la confirmación de la sentencia llegan siete años después de que el concejal de Albuixech Josep Bort presentara un recurso contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, gobernado entonces por el PP, que concedía licencia de obra a esta empresa para la ampliación de la capacidad de almacenamiento en más de 100.000m3. Esta ampliación duplicaba la capacidad de almacenamiento existente.
"Una auténtica salvajada de 8 enormes depósitos que, además de anularnos por completo la vista y la brisa del mar, constituye un enorme peligro al estar a un kilómetro escaso de la población de Albuixech y a medio del barrio de Roca-Cuper", ha explicado Bort en un comunicado.
Según el concejal, "hicimos una recogida de firmas entre los vecinos que llevamos al Síndic de Greuges de forma colectiva y presenté un recurso a título personal contra la decisión de la Junta de Gobierno. La sentencia pone de manifiesto que teníamos razón, que la ley nos amparaba y que nunca el gobierno del PP debió autorizar dicha ampliación por ser peligrosa para los habitantes de Albuixech y contraria a la ley”.
“El problema ha sido, una vez más, la lentitud de la Justicia, que por no haber tomado medidas cautelares ha propiciado que esos monstruosos tanques de combustible se consoliden”, ha lamentado.