El Pleno ha aprobado provisionalmente las modificaciones de las ordenanzas fiscales que permitirán reducir hasta un 50 % el Impuesto sobre Bienes inmuebles (IBI) y hasta un 95 % el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) a las viviendas que instalen placas fotovoltaicas, así como una rebaja en la tasa de alcantarillado a las empresas afectadas por la pandemia. Los acuerdos se han adoptado con el apoyo de Compromís, PSPV-PSOE y Ciudadanos, mientras que Partido Popular y Vox se han abstenido. El órgano colegiado también ha acordado de forma definitiva el Reglamento orgánico de gobierno y administración del Ayuntamiento, con los votos a favor del equipo de gobierno y populares y la abstención de Ciudadanos y Vox. Como medida preventiva ante la covid, 20 de los 33 concejales y concejalas han participado por videoconferencia y se ha tenido que repetir la votación de algunos puntos del orden del día para confirmar el sentido del voto digital.
En la primera sesión plenaria ordinaria de 2021 se ha dado un nuevo impulso a las conocidas como bonificaciones verdes al aprobarse provisionalmente la modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras del Impuesto de Bienes inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para favorecer la implantación de sistemas de energías renovables. Así, las viviendas de edificios residenciales que instalen placas para obtener electricidad a partir de radiaciones solares tendrán derecho a una bonificación del 50 % en el IBI durante un máximo de diez años hasta llegar al 20 % del coste de esta instalación, y en función del valor catastral. También podrán acogerse a bonificaciones del 95 % sobre la cuota del ICIO que se abona por la ejecución de sistemas para el aprovechamiento de la energía solar.
Junto a las novedades en el IBI y el ICIO, la corporación ha aprobado provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de alcantarillado, colectores y estaciones de bombeo. El documento adoptado incorpora una rebaja de la tasa de alcantarillado a los tramos de consumo más alto, que son los que corresponden a las actividades económicas, con el objetivo de beneficiar las empresas afectadas por las restricciones por la covid. Estos acuerdos han salido adelante con el aval de los representantes de Compromís, PSPV-PSOE y Ciudadanos, y la abstención de los grupos Popular y Vox.
El portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, ha celebrado “el IBI verde” y ha recordado que estas modificaciones fiscales eran uno de sus requisitos para apoyar los presupuestos de 2021. Ahora bien, “no creemos que sea suficiente, es importante que las ayudas a autónomos y pymes lleguen y lleguen más”. Para la portavoz popular, María José Catalá, estas medidas son “irrisorias e insignificantes”. “Ustedes creen que resuelve el problema de los hosteleros ahorrarles 12 céntimos por metro cúbico de agua o que se les haga una bonificación para poner una placa solar?”, ha preguntado. El titular de Hacienda, Borja Sanjuán, ha contestado que a las bonificaciones verdes y la rebaja de la tasa de alcantarillado se suman las ayudas directas. “Somos la ciudad de España que más recursos está poniendo encima de la mesa en estos momentos para ayudar los sectores afectados” por la pandemia, ha asegurado. “Nos comprometimos a movilizar 15 millones de euros en 2021 y solo con el Plan Resiste, en enero, ya doblamos esta cantidad”.
El plenario ha dado cuenta de sentencias desestimatorias de recursos interpuestos por el grupo Popular relativas a la “revocación judicial de varios impuestos y tasas”, según ha explicado la regidora del Partido Popular María José Ferrer Sansegundo. Su grupo no continuará litigando por “la viabilidad jurídica del coste económico”, pero “continuaremos intentando por otras vías paralizar el sablazo fiscal del gobierno municipal”. El concejal de Hacienda, Borja Sanjuán, le ha replicado que “no querría pensar que el motivo para dejar de recurrir es que les han condenado a pagar 1.500 euros. Si están convencidos de que se ha hecho una irregularidad, vaya hasta el final, y si su convencimiento va a costar 1.500 euros, ahórrenos tiempo y dinero”.
