Una operación iniciada por el Juzgado de Paterna desmantela una banda que defraudó en 25 millones de IVA a Hacienda

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Una operación iniciada en el Juzgado de Instrucción número 1 de Paterna ha permitido a la Guardia Civil y la Agencia Tributaria desmantelar una organización criminal internacional cuyo objetivo era monopolizar la distribución de hidrocarburos en determinados territorios, en el marco de la operación 'Burlao'.

En la operación han sido detenidas 19 personas en España (3 en Tarragona, 1 en Barcelona, 1 en Madrid, 7 en Pontevedra, 5 en Valencia y 2 en Alicante) y 2 en Portugal. Igualmente, se han realizado  22 registros en domicilios y empresas (3 en Tarragona, 1 en Barcelona, 1 en Madrid, 3 en León, 5 en Pontevedra, 6 en Valencia y 3 en Alicante), 3 en Italia y 1 en Portugal.

Los delitos investigados son los de pertenencia a organización criminal, contra el mercado y los consumidores, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

Las investigaciones se iniciaron hace un año por la Unidad Central Operativa (UCO), la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, la Dependencia Regional de Inspección de Valencia y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria en el marco de las diligencias previas abiertas por el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Paterna.

Lainvestigación reveló conexiones internacionales de la organización criminal, lo que supuso el traslado de la causa a la Audiencia Nacional, iniciando una estrecha colaboración con las agencias europeas EUROPOL y EUROJUST, así como con la Guarda de Finanza italiana de Arezzo y la Unidad Nacional de Lucha y Corrupción de la Policía Judiciaria de Lisboa.

El objetivo de la organización criminal desarticulada era el de monopolizar la distribución de hidrocarburos en determinados territorios. Para ello ofrecían el producto a la red de minoristas (gasolineras) a un precio sensiblemente más bajo que el resto de distribuidores de este sector estratégico.

Este bajo precio de venta podían mantenerlo porque no ingresaban el IVA que repercutían en la venta de los combustibles. Para evitar ser detectados por la Agencia Tributaria, ese IVA repercutido lo compensaban con un falso IVA soportado procedente de una trama de fraude de carrusel en metales preciosos, aplicando la técnica de defraudación conocida como Contra-Trading. Precisamente este hecho hace pensar a los investigadores en la existencia de un grupo criminal muy organizado y muy especializado.

De esta forma, la organización servía a una extensa red de minoristas, acaparando cada vez más mercado y por ende expulsando del mercado a aquellos operadores que actúan legalmente.

Una vez consolidada la distribución a minoristas, el siguiente hito en la planificación criminal de la organización fue acaparar territorialmente la venta directa al público del hidrocarburomediante la compra de gasolineras. De esta forma, la organización absorbe otro nivel de la venta de hidrocarburos, expulsando nuevamente a los que operan en este sector, es decir, a aquellos minoristas que geográficamente se ubican en las proximidades de las estaciones de servicio adquiridas por la organización criminal.

De este modo, se produce un enorme menoscabo en el sector, desvirtuándolo y provocando que los distintos actores abandonen sus negocios o que actúen fraudulentamente para conseguir precios competitivos en sus productos, extremo que finalmente alcanza al consumidor final tanto en la calidad del producto como en la calidad del servicio.

La organización criminal financiaba la actividad en el sector de los hidrocarburos con los réditos ilícitos obtenidos a través de su inexistente negocio de metales preciosos. Esta tapadera de comercio de metales preciosos también era utilizada para blanquear sus beneficios ilícitos, adquiriendo oro en grandes cantidades que después lo convertían en dinero para adquirir gasolineras, locales, hidrocarburos o publicitarse como una empresa potente en el sector de los hidrocarburos a través de patrocinios deportivos.

Igualmente, mantenía una reserva de oro para posibles eventualidades.

En los registros realizados se han intervenido 53 kilogramos de oro en España y más de 26 en Italia, 400.000 € en efectivo y una gran cantidad de joyas. Igualmente, se ha puesto a disposición del Juzgado, hasta el día de hoy, más de 5 millones y medio de litros de hidrocarburo, tres gasolineras, distintos inmuebles y 4, 5 millones de euros en entidades bancarias.

En la explotación de la operación han participado diferentes unidades especializadas de la Guardia Civil en todo el territorio nacional, funcionarios de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en Cataluña y Galicia, la Oficina Móvil de EUROPOL, agentes de la Unidad Nacional de Lucha y Corrupción de la Policía Judiciaria de Portugal y de la Guarda de Finanza de Arezzo (Italia).

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