La Policía Nacional ha desmantelado en València un entramado que utilizaba identidades de empleados legales para explotar laboralmente a al menos 83 ciudadanos extranjeros en situación irregular en múltiples obras de construcción, y ha detenido a tres personas vinculadas a una empresa del sector como presuntas autoras de delitos de falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores.
Según la investigación, los arrestados son dos propietarios de una empresa de construcción y la mujer de uno de ellos. La mercantil se dedicaba a proporcionar mano de obra a otras compañías para la ejecución de obras, por lo que tenía acceso directo a gran número de trabajadores y centros de trabajo.
Los investigadores han constatado que los detenidos facilitaban a los inmigrantes en situación irregular los datos personales de empleados que sí estaban contratados legalmente. Con esa información les creaban un perfil falso para que pudieran ejercer su trabajo en distintas obras, aparentando una contratación regular ante terceros.
Condiciones precarias y pagos en negro
Los al menos 83 trabajadores afectados sufrían una fuerte precariedad. Según la Policía Nacional, cobraban en negro, sin contrato y sin alta en la Seguridad Social. Además, carecían de los derechos laborales reconocidos al resto de la plantilla, pese a desarrollar las mismas tareas en las obras.
Uno de los trabajadores, un ciudadano extranjero en situación irregular, denunció que había trabajado para la empresa sin ningún tipo de contrato ni cotización. Manifestó que percibía 6,50 euros la hora y que la compañía conocía que no tenía permiso de trabajo. Esta declaración ha resultado clave para iniciar las pesquisas.
Los agentes han explicado que los arrestados se aprovechaban de la especial vulnerabilidad de estas personas. La mayoría dependía de ese empleo para subsistir y temía perderlo si denunciaba. Muchos trabajadores mostraron reticencias a colaborar por miedo a represalias y a las consecuencias derivadas de su situación administrativa.
La investigación ha permitido evidenciar que este sistema habría funcionado de forma continuada, al menos desde enero de 2024. Durante ese tiempo, el entramado habría eludido de manera sistemática la normativa laboral, de Seguridad Social y de extranjería.
Origen de la investigación y actuación en València
Las pesquisas han corrido a cargo de la Unidad contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de València. La investigación se ha iniciado en agosto del año pasado, tras la denuncia presentada en la Comisaría de Distrito de Abastos.
A partir de esa primera denuncia, los agentes han contactado telefónicamente con varios trabajadores de la empresa investigada. Sin embargo, muchos se han mostrado reacios a declarar por el temor a perder su empleo o a sufrir represalias por parte de la empresa.
El trabajo policial se ha complementado con las actuaciones de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de València, cuyo informe ha sido determinante para destapar el funcionamiento interno del entramado. Conjuntamente, se ha reconstruido el sistema de suplantación de identidad y la forma en que se distribuía la mano de obra en las distintas obras.
La Policía Nacional mantiene la investigación abierta y no descarta nuevas detenciones. Los agentes siguen analizando documentación laboral y de Seguridad Social para identificar a todos los perjudicados y determinar el alcance económico y penal de los hechos destapados en València.
