¿Cuáles son las principales oposiciones a las que puede presentarse un graduado en Derecho?

Normalmente, una de las inquietudes que suelen aflorar cuando elegimos qué carrera estudiar o incluso cuando la terminamos, es la que tiene que ver con cómo va a ser nuestro futuro laboral. Por este motivo, para ayudar a despejar las dudas de quienes se encuentren en alguna de las situaciones que acabamos de mencionar, hemos recopilado las distintas opciones que tienen los graduados en Derecho para trabajar como funcionarios públicos.

¿Por qué opositar?

Antes que nada, merece la pena indicar que quienes se preparan unas oposiciones lo hacen movidos por aspectos tales como la estabilidad laboral, la posibilidad de obtener una remuneración acorde a los estudios que se hayan cursado, el hecho de poder disfrutar de todos sus derechos laborales o, en definitiva, de acceder a un empleo de una calidad muy superior a la que se puede conseguir en la mayoría de las empresas privadas.

Pero además, en el caso de los graduados en Derecho, es muy frecuente que también intervenga la motivación vocacional, dado que es muy frecuente que los distintos trabajos que este tipo de titulados desarrollan en el sector público están estrechamente relacionados con las materias que han cursado y, por ende, lo que realmente buscan es poder disfrutar de su trabajo.

¿A qué oposiciones puede presentarse un graduado en Derecho?

Dicho esto, las posibilidades entre las que un graduado en Derecho puede elegir a la hora de preparar unas oposiciones son muy amplias, ya que aunque sea cierto que no todas son igual de fáciles ni requieren los mismos requisitos, en todas ellas es necesario dominar los conocimientos adquiridos durante el periodo universitario y, por supuesto, saber ponerlos en práctica desde ámbitos muy diversos.

Así, si se opta por presentarse a las oposiciones para la abogacía del Estado, es importante saber que la función profesional será la de defender a la institución estatal en todo tipo de litigios, por lo que es importante ser buen conocedor de materias tan diversas como el Derecho laboral o el que tiene que ver con la ordenación del territorio.

De hecho, estas oposiciones son consideradas como unas de las más difíciles, dado que para acceder a una plaza como abogado del Estado es necesario superar cinco pruebas de carácter eliminatorio, en las que se valoran las competencias lingüísticas, la capacidad para desarrollar una idea verbalmente, la capacidad de elaborar un documento judicial en el que el Estado sea una de las partes o un ejercicio práctico que tenga a la Administración pública como foco de interés, por supuesto, además de los conocimientos en las distintas ramas del Derecho.

Algo más cortas que las oposiciones a la abogacía del Estado, son las de Jueces y Fiscales, pues sólo cuentan con tres pruebas (un test y dos exámenes orales), a pesar de que también son consideradas como unas de las más difíciles de superar.

Sobre esta opción, cabe indicar que hay que preparar un total de 320 temas y que, una vez aprobadas, dan acceso a la Escuela de Jueces o a ejercer en el Ministerio Fiscal, siendo los opositores libres de elegir cuál será su camino profesional.

Por su parte, las oposiciones para notario no son menos exigentes que las dos anteriores, pues para su preparación hay que estudiar un total de 348 temas y demostrar la preparación en base a 4 ejercicios, que consisten en: la defensa de 10 temas durante dos sesiones de 60 minutos, la redacción de un dictamen jurídico acerca de un tema que proponga el tribunal, y realizar un ejercicio teórico en el que, por un lado, se debe redactar un documento notarial y, por el otro, solucionar algunos problemas de contabilidad y matemáticas financieras.

En resumen, aunque es cierto que todas estas oposiciones son realmente duras de superar, merece mucho la pena dedicar nuestro tiempo a prepararlas e intentar asegurar así un empleo fijo y bien remunerado, todo ello sin obviar que hay opciones más asequibles y que, aunque tengan sueldos más bajos, también constituyen una excelente opción, como las que constituyen el cuerpo de letrados de la Seguridad Social o el de la Administración de Justicia.