Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo unánime que permita elaborar un documento de conclusiones tras la Comisión de Investigación creada en el Ayuntamiento de Paterna para estudiar la gestión de las empresas públicas Gespa y Sumpa en la época de Gobierno del PP, Compromís ha decidido llevar el supuesto fraccionamiento de contratos detectado en Gespa a la Agencia Antifraude.
Desde el año 2011, Compromís ha venido denunciando públicamente las prácticas del PP para, en su opinión, “eludir el control público del Ayuntamiento” en las empresas municipales con contratos menores, sobre todo, en consultorías externas a determinados despachos de abogados.
Según Compromís, existen advertencias de las auditorías internas que afirman que estas instrucciones de contratar directamente servicios por valor de hasta 50.000 euros contravenían la Ley de Contratos del Sector Público que fijan el límite para licitar públicamente servicios en 18.000 euros.
Por todo ello, en esta legislatura se inició una comisión de investigación para determinar si hubo realmente despilfarro de recursos públicos pero, dado que no se ha podido acordar un documento de conclusiones de forma unánime, Compromís va a remitir a la Agencia Antifraude la recopilación de facturas y las auditorías de cumplimiento de la legalidad realizadas desde 2009.
Estas instrucciones internas de contratación (contratar directamente siempre que el servicio costara menos de 50.000 euros) estuvieron vigentes hasta noviembre de 2016 cuando Compromís accedió a la presidencia de Gespa y estableció el límite de los contratos menores en 18.000 euros. “Durante los años que estuvieron realizando contratos menores con el límite de 50.000 euros nos hemos encontrado con que se podía haber ahorrado mucho dinero a la empresa municipal”, explican.
“Coincidencias en los megaproyectos urbanísticos”
Las consultorías externas que denuncia Compromís, eran encargadas directamente y sin concurso a un despacho de abogados. Entre otras cuestiones, realizaron el estudio de evaluación ambiental necesario para modificar el Plan General, una modificación que supuso la “megarrecalificación” de La Mola para dar cabida a la Zona Franca y a Puerto Mediterráneo, dos proyectos estrella del PP en su última legislatura.
En ese sentido, Compromís denuncia la “coincidencia” de que ese mismo despacho acabara asesorando después a los promotores de Intu Mediterráneo para la ubicación de su centro comercial en Paterna.
“Queremos que la Agencia Antifraude valore si estas coincidencias y connivencias suponen un fraude de ley, vista la evidente coincidencia con los intereses de los diferentes promotores, asesores y políticos que impulsaron en origen la recalificación de La Mola”, concluye el portavoz de Compromís, Juanma Ramón.
