La Conselleria de Vivienda, mediante la Entidad Valenciana de Vivienda (antiguo EIGE) es la propietaria de todas las viviendas del barrio de la Coma, según Compromís per Paterna, “principal víctima de las nulas políticas de vivienda social de gobiernos anteriores al Botànic”. Por ello, la formación política ha pedido al alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, que retome la coordinación del Ayuntamiento con la Conselleria de Vivienda.
Según Compromís, “el cambio de las políticas sociales del Botànic necesita del impulso por parte del gobierno municipal para trasladar al ámbito municipal toda la serie de derechos y mejoras implantadas para que las familias más necesitadas de Paterna puedan percibir realmente los avances realizados por el Gobierno del Botànic”.
Sin embargo, cree la formación política que para Sagredo la vivienda no es una prioridad: “De hecho, desde que expulsó a Compromís del gobierno municipal no se ha celebrado ninguna Mesa técnica de coordinación entre los técnicos municipales de inclusión social y el técnicos del EVHA”.
“Una Mesa que se creó cuando Compromís formaba parte del Gobierno del Batà y era responsable de la concejalía de Políticas Inclusivas, consiguiendo una voluntad política de ambas administraciones, para garantizar la correcta aplicación de la normativa de la Conselleria para la regularización de las familias del Barrio que no tienen contrato de alquiler”, explica el portavoz de Compromís, Juanma Ramón.
En esta Mesa se ponía a disposición de la Conselleria el conocimiento de las situaciones personales de cada familia, que conocen los técnicos municipales mejor que nadie, estableciendo una coordinación necesaria para la resolución de los expedientes por parte de la EVHA.
Según explica Ramón: “Conseguimos ponerle cara y nombre a cada una de las casuísticas que trata la Conselleria en el barrio de la Coma, garantizando que las familias que cumplían los requisitos no fueran desahuciadas. Por otro lado, podíamos intervenir conjuntamente en aquellas familias con más dificultades para regularizar su situación, para poder encontrar alternativas habitacionales antes de emprender ninguna medida que aumentara el riesgo de exclusión de las familias”.
“Mientras funcionó la Mesa, los resultados fueron muy satisfactorios, por eso no entendemos la parálisis en la que se encuentra ahora la situación. Estamos poniendo en peligro la situación de las familias que están pendientes todavía de una tramitación administrativa aún incompleta. Por eso necesitamos de la iniciativa del Ayuntamiento, que garantice que la normativa se ponga al servicio de la ciudadanía para garantizar el derecho a una vivienda digna”, concluye Ramón.
