Catarroja pide a la Mancomunitat de l’Horta Sud la paralización cautelar de las sanciones de los foto-rojo

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El Ayuntamiento de Catarroja ha reclamado a la Mancomunidad de l’Horta Sud la paralización cautelar de las sanciones del dispositivo denominado ‘foto-rojo’ -que hace fotos en semáforos para captar infracciones- tras la sentencia del Tribunal Supremo.

foto-rojosLa Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS) confirmó el pasado viernes la anulación de una multa impuesta, mediante una imagen captada por este dispositivo, a una conductora por saltarse un semáforo en Catarroja

En un comunicado, el Ayuntamiento de Catarroja ha informado hoy de que también ha pedido a la entidad comarcal que se pronuncie sobre la legalidad del sistema de foto-rojo instalado en esta población en 2014 y que elabore un informe que avale la retirada de las cámaras.

Además, solicita a la Mancomunidad que se paralice cautelarmente el proceso sancionador hasta que se decida si se puede rescindir el contrato con la empresa concesionaria, sin que eso suponga una importante indemnización.

Fue el Consistorio el que presentó un recurso de casación ante el Supremo para aclarar cuál es la doctrina jurídica adecuada después de que diversos juzgados de lo contencioso administrativo emitieran sentencias contradictorias en relación a los recursos presentados por los conductores sancionados, según las fuentes.

Ahora el Tribunal Supremo anula una sanción, ya que afirma que el dispositivo realiza medición lumínica “a pesar de no estar sujeta a control metrológico”.

El equipo de Gobierno municipal se ha mostrado “satisfecho” porque gracias a su iniciativa “ahora hay motivos suficientes para estudiar la desconexión de las cámaras y la rescisión del contrato con la empresa concesionaria “después de esta haya incumplido reiteradamente los requerimientos del Ayuntamiento”.

Por ello, ha reiterado a la Mancomunidad, el organismo que firmó el contrato con la empresa, “que se pronuncie ante el nuevo escenario”.

El recurso de casación ante el Supremo es solo una de las iniciativas de la batería de acciones adoptadas por el Ayuntamiento de Catarroja desde que en junio de 2015 tomo posesión el actual equipo de gobierno y se encontró con un contrato firmado en 2014 por la Mancomunidad y al que se había adherido la población sin ningún informe policial.

Tras la sentencia del Supremo, el Ayuntamiento seguirá trabajando para desconectar las cámaras y rescindir el contrato, “siempre que los informes técnicos garanticen que los ciudadanos no tienen que pagar una elevada indemnización a la concesionaria” y ha indicado que no renovará el servicio con la empresa después de que el contrato finalice en diciembre de 2018.

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