Carlos Crespo niega cualquier vinculación con Emarsa

Carlos Crespo, hermano del ex presidente de Emarsa y ex vicepresidente de la Diputación, Enrique Crespo, ha negado cualquier vínculo con la empresa pública que dirigía su hermano y que los 350.000 euros que ingresó en una cuenta bancaria de Andorra tuviesen origen delictivo.

El hermano del ex alcalde de Manises, que está acusado de blanquear 350.000 euros provenientes de “hechos penalmente relevantes” entre 2004 y 2008, ha defendido que esa cantidad fue fruto de sus negocios como asesor fiscal, de dos operaciones inmobiliarias, de alquileres de viviendas, de la venta de una empresa de informática en la que participaba al 50% y de su empleo como personal de confianza en el Ayuntamiento de Manises.

Además de su declaración, ha aportado tres declaraciones complementarias de IRPF de los ejercicios, 2008, 2009 y 2010 y una escritura de compraventa de la empresa de productos informáticos en la que consta que la operación se realizó por 1.500 euros aunque ha reconocido que obtuvo 120.000 euros más de beneficio “en negro”.

Según su testimonio, viajó en 2007 a Andorra para abrir una cuenta porque quería comprar una vivienda en el Principado, donde acudía frecuentemente para esquiar, idea que desestimó ante la posterior depreciación del mercado inmobiliario. Para ello, tomó 60.000 euros que tenía en casa junto al resto de los fondos y pidió a su hermano que viajase con él para que constase como persona autorizada en la cuenta “por si pasaba algo”.

Posteriormente, realizó otros ingresos -hasta 350.000 euros- acudiendo al servicio de recogida de fondos que prestaba el banco, hasta que en mayo de 2009, dos días después de que EMSHI denunciase el caso Emarsa, retiró todos los fondos y canceló una caja de seguridad (en un banco de Valencia) en la que también figuraba su hermano como autorizado.

El Fiscal y las acusaciones han cuestionado los trabajos en negro como asesor financiero ya que “las empresas quieren desgravarse esos servicios”, así como la facturación en 'b' de su empresa de informática, que según el acusado llegó a alcanzar los 380.000 euros anuales. Han dudado también del “sentido económico” que tiene “guardar dinero en casa y no amortizar hipotecas, por el ahorro que hubiese conllevado”.

Por su parte, la defensa del acusado ha aludido al “absurdo plan criminal” que supondría “autorizar al supuesto autor del delito en la cuenta bancaria” y ha defendido que se han expuesto indicios razonables de la obtención de los fondos.

El fiscal pide cuatro años de prisión y 700.000 euros de multa, así como el comiso de los efectos del delito, que ha aumentado hasta los 357.000 euros. Este juicio, que hoy ha quedado visto para sentencia, empezó el pasado 27 de marzo pero se suspendió hasta que quedó resuelta la cuestión de competencia planteada por Fiscalía y la defensa de Carlos Crespo, que solicitaron, contra el criterio de la Abogacía de la Generalitat y la EMSHI, que la pieza fuese juzgada por la Audiencia Nacional.