Burjassot recurre a un reconocimiento extrajudicial de crédito de unos 400.000 euros para pagar facturas pendientes

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El pleno del Ayuntamiento de Burjassot aprobó ayer lunes en sesión extraordinaria y urgente un reconocimiento extrajudicial de crédito de cerca de 400.000 euros para pagar facturas pendientes de 2017 y 2018. Tres cuartas partes de esa cantidad corresponden a facturas de 2018 pero, terminado el mes de mayo, el Ayuntamiento no tiene aún aprobado el presupuesto de este ejercicio.

Por ello, algunos grupos de la oposición han pedido al equipo de Gobierno, formado por PSOE y Compromís, que redacten y sometan a la consideración del pleno los presupuestos de 2018 para “evitar estas prácticas que deberían ser excepcionales”, ha recordado el portavoz de Totes amb Burjassot, Adrián Juste, reflexión que le ha valido también para el último punto del orden del día que ha implicado una modificación presupuestaria para destinar 240.000 euros reservados en las cuentas de 2017 para hacer frente a una subvención de Diputación al capítulo de subvenciones a entidades culturales, deportivas y festivas del municipio.

El reconocimiento extrajudicial de crédito (REC) ha conllevado más debate y es que la oposición se ha mostrado contraria a la urgencia del pleno dado que hoy mismo se celebra el pleno ordinario del mes de mayo. El edil de Hacienda, José Ruiz, ha respondido reiterando que la ley permite aprobar estos REC en plenos extraordinarios y es la decisión del Gobierno municipal hacerlo de ese modo.

Aun así, ha explicado que hay facturas que tenían que pagarse ese mismo día (ayer, lunes) arreglo a la ley de morosidad y al plazo máximo de pago a proveedores y ha asegurado no entender las alusiones a la falta de transparencia del equipo de Gobierno cuando el pleno extraordinario “se graba igual que se graban los ordinarios y los concejales tienen el mismo tiempo de intervención que en los ordinarios”.

Superada la justificación de la urgencia (con los votos a favor de PSOE y Compromís y en contra de PP, Cs, Totes y EU), se ha entrado en el fondo del asunto. Juste ha hecho mención a que se trata de facturas “corrientes y previsibles” por lo que ha acusado al Gobierno de “mala gestión y nula previsión”, apreciación que ha compartido la portavoz de Cs, Tatiana Sanchis, quien ha señalado que el REC es “el reconocimiento extraordinario de su mala gestión, de la mala salud del pacto de gobierno y de que con prisas e improvisación no se puede gobernar un ayuntamiento”.

La portavoz popular, Sonia Casaus, por su parte, se ha explayado mucho más aludiendo a las peculiaridades de algunas de esas 500 facturas, aproximadamente, entre las que, ha dicho, hay facturas que no van a nombre del Ayuntamiento, facturas a las que nadie ha dado la conformidad e, incluso, facturas en las que el ‘conforme’ lo han dado empleados cuya relación laboral con el Ayuntamiento ya había expirado en el momento de firmarla.

Ruiz ha acusado a la edil popular de hacer intervenciones en el pleno cada vez “más grandilocuentes” con el único fin, en su opinión, de servir a su partido y fidelizar a sus votantes porque, según Ruiz, “todas esas cuestiones tienen explicación”, explicaciones que se han dado en la comisión anterior al pleno o que, en algunos casos, se entregarán por escrito a los concejales una vez consultada la información que han solicitado.

Finalmente, el punto ha salido adelante con los votos a favor de PSOE y Compromís, los votos en contra de Totes, PP y Ciudadanos y la abstención de los dos ediles de EU pues, según ha justificado su portavoz, José A. López Camarillas, aun no estando de acuerdo con la figura del REC y con el modo de proceder del Gobierno municipal, entiende que los proveedores tienen que cobrar los trabajos que han realizado.

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