Anticorrupción pide 5 años de prisión y 9 de inhabilitación para el exalcalde de Moncada en el primer juicio del 'caso Taula'

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 5 años de prisión y 9 de inhabilitación absoluta para Juan José Medina, ex vicepresidente de la Diputación de València y exalcalde de Moncada, en la pieza separada J del caso Taula, que investiga la financiación de tres campañas electorales del PP valenciano a cargo de una red de empresas del autodenominado yonki del dinero, Marcos Benavent.

Junto a Medina se sentarán el exgerente de la empresa pública Imelsa Marcos Benavent; el exdirector financiero de Imelsa José Enrique Montblanch; los empresarios Rafael García Barat y Jaime José Úbeda Merino; el presunto testaferro de Benavent José Estarlich; y varias funcionarias del Ayuntamiento de Valencia.

El auto apuntaba a que se podrían haber cometido los delitos de malversación, prevaricación, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil, fraude en la contratación y blanqueo de capitales.

La juez sustituta del juzgado de Instrucción número 18 de Valencia del dictó la semana pasada el auto de apertura del juicio oral del macrocaso de corrupción, tras más de cinco años de instrucción.

Fiscalía y juez creen que en los comicios municipales de 2007, Thematica, la empresa de Benavent, realizó trabajos de campaña para Juan José Medina en Moncada por importe de 11.782 euros que, en realidad, habrían sido abonados por Imelsa a través de elevar costes ficticios en la facturación real con la empresa, hechos de los que Medina tendría conocimiento.

Lo mismo habría ocurrido en el caso del actual diputado nacional Vicente Betoret cuando también ese año se presentó a la alcaldía de Vilamarxant. Los gastos de la empresa ascendieron aquí a 8.147 euros. Sin embargo, contra él que no se dirige acusación al estar los hechos prescritos.

Thematica se encargó igualmente de trabajos para el partido en las generales de 2008 por importe de 27.900 euros, cuyo coordinador de campaña era nuevamente Medina. Éstos, destaca la Fiscalía, no fueron declarados y se habrían satisfecho con fondos de Imelsa a través de facturación con cargos que no responderían a los trabajos efectivamente realizados ni al coste real.