Agentes de la Policía Nacional han detenido a 36 personas por concertar matrimonios de conveniencia para regularizar su situación en nuestro país. También se ha imputado el delito de favorecimiento de la inmigración clandestina a otras 271 personas. Los ciudadanos, de nacionalidad marroquí, pagaban entre 5.000 y 8.000 euros para obtener el permiso de residencia. Se han detectado un total de 70 enlaces fraudulentos. Los documentos que acompañaban a las solicitudes matrimoniales eran falsos.
Las investigaciones se iniciaron a finales de mayo de 2013 cuando se tuvo conocimiento de que en la localidad valenciana de Meliana se podrían estar presentando solicitudes por parte de ciudadanos marroquíes para contraer matrimonio con ciudadanos europeos. Además, días antes de comenzar el proceso, uno de ellos se empadronó de manera fraudulenta en un domicilio de la citada localidad. Los policías examinaron dos expedientes de solicitud de matrimonio entre marroquíes y españolas y observaron a primera vista varias irregularidades y falsedades. Tras una evaluación más exhaustiva de los mismos determinaron que todos los documentos emitidos que acompañaban las solicitudes matrimoniales, eran falsos. Los agentes comprobaron que en la mayoría de los que habían sido traducidos al español la firma del traductor aparecía escaneada, siendo utilizada sin la preceptiva autorización.
Los ciudadanos europeos obtenían entre 3.000 y 4.000 euros a cambio
Los investigadores averiguaron que los ciudadanos europeos accedían a casarse con los nacionales de Marruecos a cambio de una cantidad económica que oscilaba entre los 3.000 y los 4.000 euros. Una vez que habían obtenido el permiso de residencia y regularizaban su situación en territorio Schengen, regresaban a países como Francia, Alemania, Holanda e Italia, donde residían y les esperaban sus familias, que a su vez se convertían también en familiares de ciudadano europeo, legalizando así su situación irregular.
Además, las personas encargadas de cobrar a los extranjeros eran las mismas que pagaban a los contrayentes. Les facilitaban falsos testigos para la tramitación de los expedientes matrimoniales y la celebración de los enlaces. Si el contrayente no hablaba español, estos se hacían pasar por él en la celebración ante el Juzgado de Paz correspondiente. También les proporcionaban un domicilio en la localidad en la que fuese a celebrarse el matrimonio, mayoritariamente en Meliana, donde se empadronaban de manera fraudulenta previo pago de entre 100 y 300 euros a los organizadores.
Finalmente, tras descubrir que estos hechos se habían producido en otros Registros Civiles y Juzgados de Paz de otras provincias españolas, los agentes establecieron un dispositivo para identificar a los implicados en estos delitos. Una vez localizados, los investigadores detuvieron a la mayor parte de la "cúpula" de la organización, siendo arrestadas 36 personas e identificados otros 271, que también fueron imputadas. Gracias a esta operación se ha conseguido hasta el momento la extinción de nueve permisos de residencia por familiar de comunitario y se han detectado más de 70 matrimonios fraudulentos, no se han concedido dos nacionalidades y se han paralizado y archivado otros nueve expedientes matrimoniales.
La investigación ha sido desarrollada por agentes de la Brigada de Extranjería de la Comisaría de Burjassot en colaboración con la Policía Local y las Instituciones Públicas de Meliana (Valencia).