El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Valencia ha comunicado al Ayuntamiento de Rocafort que debe devolver a Carlota Navarro, concejala del PP durante 20 años, la cantidad de 3.810, 63 euros.
Según explica la alcaldesa Amparo Sampedro en su blog, ese es el dinero que el Ayuntamiento gastó en su defensa procesal ante la demanda que presentó el grupo municipal socialista en 2008 al propio Ayuntamiento “porque se negó a pedirle que devolviera el dinero que había cobrado indebidamente entre 2003 y 2007, mientras cobraba otro salario de la administración pública por su dedicación en exclusiva en la Diputación”. En aquella demanda, el grupo municipal socialista exigió al Ayuntamiento que reclamara a la concejala Navarro el dinero que había cobrado -unos 24.000€ aproximadamente-, “cosa que no hizo”.
En marzo de 2010, una sentencia del Juzgado número 2 de lo Contencioso-Administrativo de Valencia consideró que el Ayuntamiento no tenía por qué recuperar el dinero que había pagado a la concejala Navarro durante el mandato municipal 2003-2007. El grupo municipal socialista, en 2010, recurrió en apelación esa sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ), que en su Fallo de diciembre de 2012 revocó la sentencia del Juzgado número 2 y obligó al Ayuntamiento a exigirle a la concejala Navarro la devolución de lo que debía y los intereses legales de ese dinero.
Para Sampedro, lo curioso del caso es que “pese a recuperar 27.000 euros para las arcas municipales, ahora el ayuntamiento debe costar los gastos del procedimiento judicial ya que la entonces concejala Navarro -obligada a devolver más de 27.000€ a la Hacienda municipal- contó con una defensa personal ejercida por el mismo despacho de abogados que defendía a la vez al Ayuntamiento”.
En su auto, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Valencia señala que el Ayuntamiento no aporta sino pruebas documentales para exigirle a la ya ex-concejala el pago de su defensa procesal.
Sampedro afirmque el Ayuntamiento aporta el Fallo del TSJ, un informe de la intervención municipal y otro de la defensa jurídica externa, “todo ello insuficiente, parece ser, a ojos de la Magistrada-Jueza”
Pero lo más llamativo, según Sampedro, es que la jueza afirma que “[…] el Pleno del Ayuntamiento facultó al alcalde -entonces Sebastián Bosch- para que propusiera a la Comisión de Gobierno la designación de Abogado y Procurador para la comparecencia [de la concejala Navarro Ganau]”
Para Sampedro, “es imposible que la defensa de la concejala Navarro pudiera aportar alguna prueba al respecto, porque ni existió tal pleno ni tampoco ningún acuerdo de la Junta de Gobierno Local. Sin embargo, la Magistrada-Jueza da por hecho que así sucedió y a partir de esa idea errónea, transmitida por la defensa de Carlota Navarro sin ninguna prueba y aceptada sin condiciones por la señora Alabau, esta abraza los (falsos) argumentos de la defensa y los hace suyos”.
Pese a mostrar su descontento con la sentencia, Sampedro afirmó que “por supuesto que el Ayuntamiento cumplirá con la sentencia.Devolverá a Carlota Navarro Ganau los 3.810, 63€ que gastó en su representación y defensa procesal; a pesar de que fue ella quien la exigió; a pesar de que ni hubo acuerdo de Pleno ni de la Junta de Gobierno Local que la avalara; a pesar de que por sentencia del TSJ hubo de devolver a las arcas municipales más de 27.000€; a pesar de que el gobierno municipal del PP no había cumplido con su obligación y lo sabía; a pesar de que Carlota Navarro, que también lo sabía, se rió una y otra vez -en público y en privado- del asunto y, por lo tanto, de todos los vecinos; y a pesar de que al común de los mortales decisiones judiciales como esta nos dejan perplejos y nos sitúan -sin desearlo- en una orilla distinta a la que ocupan quienes las dictan”.