La limpieza del chalet contiguo al colegio Juan XXIII centra un tenso enfrentamiento entre vecinos y Gobierno

El pleno ordinario del mes de septiembre en el Ayuntamiento de Burjassot transcurría más tranquilo de lo habitual. Tras descargar tensiones en la Junta General del Cemef celebrada justo antes y con el pensamiento puesto en la procesión de San Miguel a la que muchos pensaban asistir, los concejales se tomaron la sesión plenaria con estoicismo pero el turno de ruegos y preguntas del público dio al traste con la calma que reinaba en el hemiciclo.
Y la tensión llegó a cuenta, una vez más, de dos madres de alumnos del Juan XXIII, habituales ya en el turno de palabra de los plenos desde hace meses, que exigen que se cumpla un acuerdo plenario de mayo de 2008 por el que se obligaba al propietario del chalet contiguo al centro escolar a su limpieza y saneamiento o, en caso contrario, sería el Consistorio quien acometiera la limpieza.

Una vez expuestos los hechos, entre gritos e interrupciones, el concejal de Urbanismo, José Ruiz, explicó que la Junta de Gobierno había aprobado un presupuesto de más de 14.000 euros para limpiar la parcela aunque, advirtió, tienen que esperar a que el juez autorice la entrada al Ayuntamiento al ser una propiedad privada. Según Ruiz, ese dinero se reclamaría después a los propietarios.

Si la discusión con las madres de los niños del Juan XXIII había sido tensa, pues no quedaron conformes con la explicación del equipo de Gobierno, minutos después entró en escena el tercer elemento en este serial: la hija de los propietarios.

Con la mítica banda sonora de ‘El bueno, el feo y el malo’ firmada por Ennio Morricone de fondo, gracias a un móvil que alguien olvidó silenciar, la hija de los propietarios tomó la palabra para enfrentarse sin miramientos al alcalde al que acusó de boicotear todos sus intentos de arreglar y limpiar la propiedad con la amenaza de “expropiar el chalet al día siguiente de hacer las obras”.

La hija de los propietarios insiste en que ha presentado hasta una decena de licencias de obra al Ayuntamiento para arreglar la edificación y el Consistorio le ha rechazado una tras otra alegando que en el Plan General de Ordenación Urbana, ese espacio es una zona verde.

A causa de no autorizarle las licencias de obra, los propietarios han sufrido, aseguran, un grave perjuicio económico ya que, al no poder arreglar la valla, el recinto ha sido saqueado desapareciendo desde estatuas que había en el jardín hasta mobiliario antiguo de la casa. Es más, el murete de piedra caliza que la casa tiene en la parte de atrás sufre desprendimientos cada vez que llueve y han tenido que indemnizar a los vecinos de la parte de abajo en dos ocasiones.

Pero la dueña del número 43 de Pi i Margall fue más allá y acusó al propio Chavarrías de persecución contra su familia “a la que lleva más de 20 años haciendo la vida imposible” e, incluso, llegó a decir en el pleno que esta actitud del equipo de Gobierno socialista era una represalia contra sus padres “por votar al PP”. Ante esas acusaciones, el primer edil la retó a que denunciara los hechos en los juzgados.

“Han espantado a todos los posibles compradores”

Su intervención en el pleno vino dada por las continuas acusaciones de los padres de los niños del Juan XXIII y del equipo de Gobierno contra sus padres por mantener en semejantes condiciones la vivienda y no acometer las obras de saneamiento correspondientes. Cansada de escuchar cómo unos y otros aludían a su familia, la hija de los propietarios quiso dejar claro en el pleno que, si no han hecho las obras ha sido porque se lo ha impedido el equipo de Gobierno.

En esa misma línea, acusó al PSPV de “espantar” a todos los posibles compradores de la parcela, empresas privadas que querían montar negocios “buenos para el pueblo” como una residencia para discapacitados u otra para ancianos. “El Ayuntamiento ha ahuyentado a todos los compradores advirtiéndoles de que, si compraban la parcela, se la expropiarían”, asegura la afectada.

En su opinión, el Ayuntamiento quiere obligarla a renunciar al mayor precio de expropiación y acabar aceptando lo poco que le pueda ofrecer el Consistorio porque “no tiene dinero” y, por eso, “retrasa continuamente la anunciada expropiación”. La hija de los propietarios explica que no ha denunciado los hechos porque confía en poder llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento e, incluso, les ha ofrecido la parcela para construir vivienda protegida. © Celia Dubal/Hortanoticias