El Supremo condena al ayuntamiento de Almàssera por negarse a facilitar información de un plan social al PP

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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha reconocido el derecho del portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Almassera, Emilio J. Belencoso a recibir copia de las actas de la Comisión de Servicios Sociales donde se adjudicaban Planes Sociales a gente sin recursos en el municipio.

Tribunal SupremoEl PP solicitó dichas actas ante las “dudas” sobre la legalidad del procedimiento que estaba siguiendo Alcaldía y servicios sociales sobre un plan social, por los que pidieron por Registro de Entrada acceso al expediente y copia de las actas. En un primer momento, el alcalde denegó dicha petición pese al Informe favorable a la demanda del Partido Popular por parte del Secretario de la Corporación y máxima autoridad jurídica.

El pasado 24 de Enero el TSJ de la Comunidad Valenciana falló a favor de Emilio J. Belencoso condenando al alcalde del PSPV, Ramón Puchades a entregar la documentación solicitada por el portavoz del GPP.

Según afirma el PP, Alcaldía decidió recurrir al Tribunal Supremo, sin alegar motivo casacional y omitiendo pedir informe a la Secretaria Municipal acerca de la idoneidad de recurrir dicho fallo del TSJCV. El Grupo Popular ya advirtió al alcalde en diversas comisiones y Plenos de la grave irresponsabilidad del alcalde por recurrir sin base jurídica y que terminarían pagando todos los vecinos.

Esta semana el Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación contra el fallo del TSJ de la Comunidad Valenciana por no acreditar interés casacional dando la razón al Partido Popular de Almàssera.

Tras conocer la sentencia, el portavoz del Partido Popular en Almàssera ha afirmado que la sentencia “por fin ha hecho Justicia en este asunto. La lástima es que la opacidad y la nula transparencia va a costar mucho dinero al Ayuntamiento de Almàssera, ya que ha sido condenado en costas, costas que vamos a tener que pagar todos los vecinos”.

Los populares han calculado que el procedimiento ha costado a las arcas municipales más de 7.000 euros, dinero que según Belencoso debería pagar el alcalde de su bolsillo ya que  “los vecinos no entendemos porque pagar los gastos del proceso por los caprichos del alcalde. Debería de asumir personalmente, y la próxima vez miraría gastarse con más responsabilidad el dinero de todos los vecinos”.

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