El alcalde de Burjassot, imputado por impedir a España 2000 realizar un acto en un espacio público al no tener permiso

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El alcalde de Burjassot, Jordi Sebastià, de la coalición Bloc-Compromís, ha sido imputado después de que el Juzgado de Instrucción de Paterna haya admitido una denuncia del grupo político España 2000 contra el primer edil por considerar que este le impidió ejercer su derecho de reunión y manifestación al ordenar que se retirara una mesa informativa que la formación había colocado en un espacio público.
La denuncia fue presentada en enero de 2013 y, en ella, España 2000 argumentaba que los hechos ocurridos podrían ser constitutivos de delitos de incitación al odio o la violencia contra grupos “por motivos […] referentes a la ideología”, de impedimento del ejercicio de los derechos fundamentales de manifestación y reunión, de haber dictado una resolución “arbitraria” en un asunto administrativo “a sabiendas de su injusticia” y de impedir hacer, sin estar legítimamente autorizado, lo que la Ley no prohíbe.

En su escrito, España 2000 solicita la imputación del alcalde, Jordi Sebastià. El juez ha admitido a trámite la denuncia.

Mientras la formación política justifica que su concentración, prevista para el día 13 de diciembre de 2013, estaba autorizada por la Delegación de Gobierno, pues así se lo comunicó el partido en tiempo y forma a dicha administración, Sebastià argumenta que, pese a ello, España 2000 no tenía en su poder la autorización municipal necesaria para ocupar un espacio de dominio público.

Aunque los agentes de la Policía Nacional que se personaron en el lugar dieron por bueno el escrito de la Delegación de Gobierno y no intervinieron en los hechos, el alcalde ordenó a la Policía Local que obligara a España 2000 a retirar la mesa informativa.

“Tranquilo y confiado”

Tras ser conocedor de su imputación, Sebastià se ha mostrado “tranquilo y confiado” en la Justicia y ha señalado que no entiende “la trascendencia que este partido, declaradamente ultra, quiere dar a este hecho porque, administrativamente, está muy claro: no tenían permiso para ocupar la vía pública y, por lo tanto, debían de marcharse”.

El primer edil ha enmarcado esta imputación en la “persecución que están realizando” desde hace 20 años contra su persona después de que realizara, como periodista, una serie de reportajes de investigación sobre algunos personajes y sus negocios vinculados a partidos ultra.

De hecho, la revista en la que se publicaron los reportajes ya ganó una serie de juicios alrededor de las informaciones publicadas. Además, Sebastià y otro compañero tuvieron protección policial durante una temporada “por las amenazas recibidas por el entramado ultra”, explican desde la Alcaldía de Burjassot.

“Es muy triste, ha señalado el alcalde de Burjassot, que esta imputación llegue precisamente cuando se cumple el vigésimo aniversario del asesinato de Guillem Agulló, cuyos asesinos tenían y continúan teniendo vinculaciones con la extrema derecha valenciana. Y que el mismo partido que me acusa de impedir la libertad de expresión e incitar al odio tenga imputados, que en breve serán juzgados en la Operación Panzer, por tener armamento prohibido en sus casas y organizar guerrillas neonazis”.

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