Los servicios jurídicos de la Diputació de València, acusación particular en la causa abierta para investigar las presuntas irregularidades en Imelsa, han solicitado al juez que lleva uno de los casos de malversación de fondos en los que está implicado Marcos Benavent Vicedo, penas que alcanzan los 6 años de cárcel para el que fue gerente de Imelsa entre los años 2007 y 2014.
En el escrito de acusación presentado en el juzgado de instrucción nº 9, los representantes legales de la Diputació de València -la principal perjudicada por el saqueo de la empresa pública Imelsa (ahora Divalterra)-, entienden que Marcos Benavent es responsable de un delito continuado de malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial, prevaricación y fraude a la contratación pública.
Junto a Benavent, la Diputació pide dos años y tres meses de prisión para el empresario Vicente Calvo Navarro, por haber sido cooperador necesario en los delitos que se les imputan en relación al cobro de 60.455,55 euros por unos trabajos de instalación eléctrica que la empresa de Calvo cobró y que nunca realizó ni tenía solvencia técnica para ejecutar.
Los hechos que se investigan sucedieron entre finales del año 2012 y principios de 2013, pero no se conocieron hasta que un año después, en enero de 2014, un requerimiento de la Agencia Tributaria, en el que se solicitaba información relativa a la mercantil Flying Tigers SL, permitió aflorar la estafa. Según las conclusiones provisionales, Benavent, Calvo y un primo de éste se pusieron de acuerdo para emitir tres facturas para el cobro de supuestos trabajos en el entorno del monasterio del municipio de Llutxent, aprovechando que en ese momento Imelsa tenía un taller de empleo en dicho complejo propiedad de la Diputació.
La investigación interna iniciada a raíz del requerimiento de la Agencia Tributaria llevó a descubrir la inexistencia de documentos de contratación de las obras o certificados de la ejecución de las mismas. En su declaración, el empresario encausado reconoció que Imelsa incluso le había adelantado el pago, algo prohibido por la legislación.
La reacción de Benavent al verse descubierto fue aparentar que reclamaba al empresario la devolución de los importes mediante la firma de un documento entre ambos que “lo que pretendía era dar cobertura a un previo delito para el que se concertaron los acusados”, sostiene la acusación particular de la Diputació de València, dirigida por José Antonio Ibars, Jefe del Servicio de Defensa en Juicio.
Entre tanto, lo que sí ha conseguido la Diputació hasta la fecha es ir recuperando el dinero estafado, mediante aportaciones del empresario encausado a una cuenta de la empresa pública Divalterra. La recuperación del dinero malversado estos años es una de las prioridades establecidas por el presidente de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, que determinó que fueran los juristas de la Diputació y no penalistas externos los que llevaran los casos de la Operación Taula y de Imelsa, la empresa pública ahora denominada Divalterra.
