La Conselleria d'Educació ha iniciado un proceso de revisión de los criterios de admisión en los centros educativos de la Comunitat Valenciana, con el objetivo de eliminar "aquellos que discriminen por razón de origen, religión u otras circunstancias sociales". Esta medida, anunciada por el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, responde a las advertencias del Ministerio de Educación y las quejas de diversas asociaciones de padres.
El decreto de admisión en los centros educativos, aprobado el pasado 23 de abril, ha generado polémica por incluir criterios "considerados discriminatorios". Entre estos criterios, se encuentran el hecho de que ambos padres trabajen, ser familiar de exalumnos, participar en actividades parroquiales, haber asistido a centros religiosos o haber nacido en la Comunitat Valenciana.
McEvoy ha idicado que la Conselleria ha solicitado a todos los centros, tanto públicos como privados y concertados, que comuniquen los criterios que aplicarán en el proceso de admisión.
En respuesta a esta decisión, el PSPV y Compromís han exigido la rectificación inmediata del decreto de admisión. Según el síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, el decreto contiene requisitos "sangrantes" que atentan contra la igualdad de oportunidades, insistiendo en que "no es admisible que los niños y niñas valencianos sean admitidos o no en un colegio por razones como el trabajo de sus padres o su participación en actividades religiosas".
Por su parte, Borja Sanjuán, portavoz adjunto del grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia, ha calificado la situación como una "anomalía" y ha criticado que el gobierno de Mazón avale "decisiones discriminatorias". Sanjuán anunció que presentarán un requerimiento a la Conselleria d'Educació y una Proposición No de Ley en el parlamento autonómico para evitar la implementación de estas medidas.
Desde Compromís, el portavoz d'Educació, Gerard Fullana, ha valorado la revisión de los criterios como un "colofón en el peor curso de política educativa que se recuerda". Fullana ha acusado al decreto de ser racista y segregador y ha indicado que espera que el recurso presentado en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) obligue al gobierno autonómico a rectificar.
