El juez que instruye las diligencias previas del conocido como caso Emarsa, que investiga un supuesto desvío de varios millones de euros de dinero público a través de la gestión de la depuradora de Pinedo, ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para la que fuera pareja de Jorge Ignacio Roca, María Águila Aladren, uno de los principales imputados y el único que se encuentra en paradero desconocido.
La mujer ha comparecido esta semana en calidad de testigo en la causa pero el juez, tras oír su declaración, solicitó que fuera imputada por un supuesto delito de blanqueo de capitales y detenida. Conocedores de ello, el Ministerio Fiscal y las partes acusadoras solicitaron la prisión provisional de la detenida el día 12 de septiembre y, el 13, el juez dictó un auto por el que declara la prisión comunicada y sin fianza para la imputada.
Según el magistrado, mediante la prisión provisional acordada se persigue “asegurar la presencia de la imputada en el proceso” ya que, a su entender, encontrándose Roca en paradero desconocido y no teniendo la imputada un domicilio fijo, “puede inferirse racionalmente un riesgo de fuga de la misma”.
En el auto, se incluyen detalles de la declaración de Aladren ante el juez así como de la relación que mantuvo con Roca, administrador de varias empresas que, previo concierto con otras personas investigadas, fueron interpuestas en la cadena de facturación de lodos y desbastes entre 2005 y 2010 para incrementar artificiosamente el valor de los trabajos realizados de forma que Emarsa abonó a esta sociedades por su gestión una cifra que superaba en 10 millones de euros, a pesar de que ninguna de ellas tuvo medios para desplegar esa actividad.
La imputada convivía con Roca desde 2007 en Igualada y de allí trasladaron su domicilio a Francia en 2008. Un año después constituyeron la sociedad Lot Monopoly, de la que Aladren figuraba como gerente y a la que transfirieron desde Erwinin --empresa administrada por su ex pareja y supuesta proveedora de Emarsa-- desde marzo de 2009 y hasta junio de 2010 un total de 1.137.956 euros, a través de 34 ingresos de entre 3.007 y 49.049 euros. Asimismo, obtuvo transferencias de Printergreen, otra sociedad que facturó a Emarsa.
Todo este dinero se utilizó para la compra de unos 30 apartamentos que fueron alquilados y que Aladren vendió entre finales de 2010 y principios de 2011, cuando se había iniciado el procedimiento judicial. Según la imputada, fue Roca quien le conminó a vender los apartamentos y la casa en la que habían convivido en Francia y transferirle después el dinero.
El dinero de la venta lo transfirió a cuentas desconocidas aunque, según consta en el auto, ella acompañó a Roca a Andorra, donde figura como imputada en un procedimiento penal por este mismo delito, para abrir una cuenta conjunta y a Malta donde constituyó la sociedad Walnut Grove, a la que se pasaron fondos tanto desde Lot Monopoly como desde Printergreen.
El instructor hace un repaso en el auto de los motivos por los que puede estar justificada la prisión provisional, que procederá cuando mediante esta decisión se asegure el normal desarrollo del proceso penal. En este caso, se apunta a que la participación de Jorge Ignacio Roca en la trama de Emarsa se puede calificar de "imprescindible y necesaria" y que su pareja era la única persona para operar en las cuentas abiertas en Francia de Lot Monopoly.
Asimismo, al magistrado le llama la atención que la mujer es "extremadamente imprecisa" a la hora de explicar la actividad profesional de Roca, para afirmar que era "asesor de inversiones", y considera que es "poco o nada creíble" su versión de que el más de millón de euros transferidos a su cuenta pudiera provenir de ese supuesto trabajo cuando ni contaba con despacho profesional.
Además, califica de "llamativo y hasta contradictorio" que quisiera que ella se dedicara a la casa y los niños y después montara la sociedad, e igualmente tacha de "difícilmente creíble" la versión de que se separaron en septiembre de 2010 cuando la mujer estaba embarazada y que le hiciera llegar un móvil e instrucciones para la venta de los 30 apartamentos y la casa, teléfono al que llamaba desde un número oculto.
Para el juez, esta versión trata de eludir cualquier respuesta sobre el paradero del principal imputado en la causa y apunta a que la actuación de la mujer, estuvieran o no separados, fue "imprescindible" para vender los apartamentos y vaciar las cuentas de Lot Monopoly y transferir el dinero a Malta y a cuentas cifradas que pudieran ser las de Andorra.
