Ex alcalde, alcaldesa y portavoz del PP se niegan a contestar a la abogada de Compromís e insisten en la legalidad de los hechos

Esta mañana, los Juzgados de Paterna han comenzado a recibir a los primeros imputados por un supuesto delito de prevaricación administrativa cometido por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la que formaban parte el ex alcalde, Lorenzo Agustí, la actual alcaldesa, Elena Martínez, y los concejales María Villajos, Sara Álvaro, Vicente Sales y Alfonso Romero.

El juzgado número 6 de Paterna los citó a declarar en calidad de imputados los días 1 y 2 de octubre después de que aprobaran en Junta de Gobierno una encomienda de marketing a la empresa pública Gespa por valor de 628.000 euros en la que se incluían gastos derivados de la promoción del proyecto de la Zona Franca en China.

El grupo municipal de Compromís en Paterna llevó ante la Fiscalía este acuerdo de la Junta de Gobierno al haberse tomado con  informes en contra de Secretaría.

Según han informado desde el grupo de la oposición, ni el ex alcalde, ni la alcaldesa ni la portavoz del PP, María Villajos, han contestado a las preguntas de su abogada aunque sí han respondido a las formulados tanto por la jueza como por la Fiscalía.

Mientras Compromís toma esta negativa a contestar a sus preguntas como la prueba de que "tienen algo que ocultar", desde el Gobierno municipal de Paterna han remitido un comunicado en el que aseguran que "la aprobación de la encomienda para la promoción de la Zona Franca se realizó sin ninguna advertencia de ilegalidad por parte de Secretaría o Intervención" y, en ese sentido, la abogada de la Defensa ha presentado el informe propuesta de la Jefa del Área de Promoción y Dinamización Municipal que emitió previo a la aprobación del anexo a la encomienda de marketing que incluía los trabajos relativos a la Zona Franca y que cuenta con el sello de Intervenido y Conforme del interventor municipal.

"Del mismo modo se ha aclarado a la jueza que el informe de la Secretaria General en el que se basa el Grupo Compromis para hacer su denuncia, en ningún caso hacía constar ninguna ilegalidad en la aprobación del anexo a la encomienda, tan sólo una serie de consideraciones que no impedían la adopción del acuerdo y que fueron tenidas en cuenta", señalan desde el equipo de Gobierno, quienes critican que la oposición "quiera hacer uso de la Justicia con el único propósito de difamar la labor de alcalde y concejales, entorpeciendo el desarrollo de proyectos que pretenden estimular la recuperación de la economía local".

Otras formaciones políticas han opinado hoy sobre este proceso judicial. Así, desde el PSPV, su portavoz, Juan Antonio Sagredo, ha señalado que “el paseíllo del PP de Paterna por los jugados es un descrédito para el buen nombre y la imagen de nuestro pueblo” al tiempo que ha lamentado que “se siga escribiendo una página negra en la historia de Paterna” y ha anunciado que, “en el caso de que la juez abra juicio oral contra los seis populares, los socialistas exigirán responsabilidad patrimonial a estos corporativos”.

Por su parte, el Centro Democrático de Paterna (CDdP) ha calificado de “lamentable” la imagen que transmite Paterna al resto de España con las principales autoridades políticas del municipio atendiendo a los medios de comunicación en la puerta de los juzgados.