El lunes 1 de marzo tendrán lugar decenas de convocatorias descentralizadas en diferentes localidades del país en las que según CGT “la totalidad del movimiento pensionista de manera única y unívoca, volverá a pelear en las calles el derecho esencial y fundamental a que todas las personas y todas las generaciones, tengan una pensión pública suficiente, cuando tengan esa necesidad, para tener y desarrollar una vida digna”. En la ciudad de València la organización anarcosindicalista se concentrará, junto a la Coordinadora valenciana en defensa del sistema público de pensiones y otros movimientos sociales como Iaioflautas, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) o Sillas contra el hambre, a las 12 de la mañana en la plaza del Ayuntamiento de València.
CGT explica que “no pueden existir pensiones públicas de pobreza como las actuales” y reivindica “una pensión pública mínima de 1.084 euros al mes y por 14 pagas, siendo ésta una pensión suficiente y digna, como exige el artículo 50 de la Constitución Española”. Para mantener el sistema público de pensiones CGT requiere que “mantenga la caja única, solidaria y de reparto, nutrida de fondos públicos y de los impuestos para que quien gane más, aporte más”. Además desde la organización anarcosindicalista reclaman la derogación de las leyes de reforma de pensiones de 2011 y 2013 “donde se vuelva a la edad de jubilación ordinaria a los 65 años y la anticipada a los 60 sin penalizaciones cuando las carreras profesionales sean de 30 años o más, a la vez que de manera progresiva se jubilen las personas a los 60 años como vía de reparto del trabajo y el empleo y el periodo de cálculo de la pensión sea de 15 años”. CGT rechaza la implementación del factor de equidad intergeneracional y pide que las pensiones se revaloricen anualmente según la “inflación real”. También desde CGT se exige “finalizar con la brecha de género” y para ello ven como “única solución” el establecimiento de una pensión mínima de 1.084 euros al mes.
Desde CGT esperan que la convocatoria sea respaldada “no solo por la generación de personas jubiladas, sino también por las generaciones más jóvenes que aún trabajan o están en paro, ya que una pensión pública suficiente y digna es un derecho fundamental y esencial que no podemos permitir que desaparezca”.