La Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana ha archivado las tres actuaciones abiertas a raíz de las denuncias presentadas por el PSOE de Torrent sobre el contrato de asistencia técnica en materia de prensa y comunicación del Ayuntamiento.
Tras examinar el expediente y las cuestiones planteadas por los denunciantes, Antifraude concluye que no se han acreditado indicios objetivos suficientes de fraude, corrupción, conflicto de intereses o manipulación determinante del procedimiento de adjudicación.
Las denuncias cuestionaban la tramitación del contrato y la actuación del Gobierno municipal, los responsables del procedimiento, el personal técnico y la empresa adjudicataria. El asunto también fue abordado en una comisión de investigación del Ayuntamiento y en diferentes sesiones plenarias.
La comisión municipal se constituyó inicialmente para analizar contratos relacionados con la dana, aunque sus trabajos terminaron incluyendo también el contrato del gabinete de comunicación. Las conclusiones aprobadas por el Pleno fueron remitidas a Antifraude para que el organismo autonómico examinara las dudas planteadas durante la investigación política.
El archivo de las actuaciones implica que la Agencia no ha encontrado elementos objetivos suficientes para continuar investigando la posible existencia de fraude, corrupción o una manipulación determinante de la adjudicación. La resolución no impide, sin embargo, que continúe la confrontación política sobre la gestión del contrato.
El Partido Popular de Torrent considera que la decisión desmonta las acusaciones mantenidas por el grupo socialista durante la legislatura y reivindica la actuación de los empleados municipales que participaron en la contratación.
La portavoz del PP de Torrent, Sonia Roca, ha acusado al PSOE de haber utilizado el expediente para generar sospechas sobre la alcaldesa, Amparo Folgado, y sobre diferentes responsables y trabajadores municipales.
“El PSOE ha vuelto a utilizar el fango como herramienta política: primero acusa, después genera titulares, pone a personas bajo sospecha y finalmente, cuando llega la resolución de un organismo independiente, resulta que no hay fraude ni manipulación de la adjudicación”, ha afirmado la portavoz popular.
Roca ha reclamado al grupo socialista que explique ahora sus actuaciones y que asuma las consecuencias que, a su juicio, tuvieron las acusaciones sobre las personas relacionadas con el contrato. “¿Quién va a pedir perdón por los ríos de tinta, por las acusaciones y por haber intentado convertir una cuestión administrativa en un escándalo político?”, ha preguntado.
La dirigente popular también ha defendido la actuación del personal municipal. Según ha señalado, la documentación analizada por la comisión de investigación no atribuía un comportamiento irregular, negligente o desviado a los funcionarios que intervinieron en el procedimiento.
El PP ha relacionado este archivo con el acordado esta misma semana por la Agencia Española de Protección de Datos respecto a la ampliación de las cámaras de videovigilancia de las dependencias de la Policía Local. Se trata de dos expedientes diferentes, aunque ambos habían sido objeto de denuncias y críticas por parte del PSOE de Torrent.
Roca ha dirigido sus críticas a los concejales socialistas Andrés Campos, Jesús Ros, Edu Gómez, Pascual Martínez y María Jesús Herrada, a quienes ha pedido que expliquen cómo piensan reparar la imagen de las personas a las que situaron bajo sospecha durante la polémica.
“La política no puede consistir en lanzar acusaciones sin pruebas y utilizar todos los recursos institucionales para alimentar una campaña de desgaste”, ha sostenido la portavoz popular, quien considera que el archivo permite cerrar la controversia administrativa sobre el contrato.
La resolución de Antifraude pone fin a las tres actuaciones sin que se hayan acreditado indicios objetivos suficientes para sostener las acusaciones analizadas. El debate sobre el contrato continúa ahora en el ámbito político municipal, con el PP reclamando una rectificación al PSOE por las denuncias formuladas durante la legislatura.
