La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha archivado la reclamación presentada contra el Ayuntamiento de Torrent por la ampliación del sistema de videovigilancia instalado en las dependencias de la Policía Local. La decisión pone fin a la tramitación administrativa sin que se haya abierto un procedimiento sancionador ni declarado la existencia de una infracción.
Según la información facilitada por el Gobierno municipal, la resolución tampoco ordena retirar o modificar las cámaras ni establece medidas correctivas sobre su funcionamiento. El Ejecutivo local considera que el archivo respalda las explicaciones aportadas durante la investigación, aunque la valoración política de la resolución ha reabierto el enfrentamiento con el grupo municipal socialista.
La polémica surgió después de que el PSPV cuestionara la ampliación del sistema y denunciara públicamente la posible utilización de las cámaras para vigilar a los propios agentes. Entre las dudas planteadas figuraban la eventual grabación de conversaciones, el acceso a las imágenes y la posibilidad de que las cámaras captaran contraseñas utilizadas por los policías.
Durante la tramitación de la reclamación, la Agencia Española de Protección de Datos solicitó al Ayuntamiento información sobre la finalidad y ubicación de las cámaras, sus campos de visión, el tiempo de conservación de las grabaciones, las personas autorizadas para acceder al sistema y la posible captación de sonido.
El consistorio entregó informes técnicos, planos, fotografías, cartelería informativa y documentación sobre el funcionamiento de los dispositivos. Entre estos documentos se encontraba un informe de la empresa instaladora que, según el Gobierno municipal, acredita que las cámaras y el grabador no captan audio.
La documentación también establece que las imágenes se conservan durante un periodo máximo de 30 días y que únicamente pueden acceder a ellas usuarios autorizados mediante credenciales. El Ejecutivo local sostiene que se trata de una ampliación de un sistema ya existente y que la actuación fue comunicada a la delegada de Protección de Datos del Ayuntamiento.
El Gobierno de Torrent recuerda además que cuatro concejales socialistas visitaron las instalaciones policiales en junio de 2025 junto a responsables municipales, mandos de la Policía Local y personal técnico. Durante aquella inspección conocieron las características de las cámaras y recibieron explicaciones sobre su funcionamiento.
La concejala de Seguridad Ciudadana, Sonia Roca, ha acusado al PSPV de haber convertido el sistema de seguridad en un motivo de confrontación política. Según Roca, “el PSPV inventó una trama alrededor de la Policía Local de Torrent, utilizó titulares alarmistas, hizo acusaciones muy graves y generó un malestar completamente innecesario entre nuestros agentes”.
La responsable municipal ha reclamado explicaciones a los socialistas después del archivo de la reclamación al afirmar que “el PSPV tuvo la oportunidad de conocer las cámaras, de recibir explicaciones y de comprobar cómo funcionaban. Aun así, decidió seguir alimentando una polémica y presentarla ante los ciudadanos como si estuviéramos ante un sistema de vigilancia ilegal”.
Roca ha defendido que la finalidad de los dispositivos es reforzar la seguridad de las instalaciones, proteger a los agentes y prevenir agresiones o hechos delictivos. El sistema también busca aumentar la protección del depósito de armas y cuenta, según el Ayuntamiento, con perfiles diferenciados y restricciones para consultar las imágenes.
La concejala ha asegurado que el Gobierno municipal continuará mejorando los medios de la Policía Local y ampliando la presencia de la Policía de Barrio y ha afirmado que “vamos a seguir trabajando por la seguridad de nuestros propios agentes y por la seguridad de todos los ciudadanos de Torrent”.
El archivo de la reclamación permite cerrar la vía administrativa abierta ante la AEPD sin sanción, declaración de infracción ni orden de retirada de las cámaras. La controversia continúa, sin embargo, en el terreno político, donde el Gobierno municipal exige al PSOE que rectifique sus acusaciones sobre el sistema de videovigilancia.
