La sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha absuelto a una mujer, médica del centro de salud de Aldaia, acusada de falsificar certificados de vacunación de Covid para una familia conocida suya que quería viajar a EEUU en plena pandemia.
La médica se enfrentaba a una pena, tal y como le reclamaba la Fiscalía, de cuatro años de cárcel por un delito continuado de falsedad de documento público y el pago por una multa de 7.200 euros.
El tribunal considera probado que la facultativa, defendida por el abogado penalista Francisco Regalado, modificó la historia clínica de la familia -cuatro integrantes- para que apareciera la administración de la vacuna, pero no los certificados, y todo ello fuera de su cometido funcionarial.
El argumento de la defensa fue que la médica no podía ser considerada como funcionaria pública porque la administración de vacunas no era competencia suya, con lo que no habría podido cometer el delito de falsedad documental que le imputaba la Fiscalía.
La sanitaria defendió durante el juicio que no había falsificado los certificados y aseguró que sólo había pedido para la familia la vacuna Pzifer por hacerles un favor, porque los hijos eran autistas y la madre tenía una enfermedad autoinmune y era la marca que tenía menos efectos secundarios.
Por todo ello, la sentencia considera como probado que la médica modificó “de manera mendaz” el estado vacunal de los cuatro pacientes “pero sobre una actividad asistencial ajena a su cometido funcionarial con arreglo a la praxis asentada entre profesionales sanitarios”. Esto da lugar a la atipicidad del comportamiento de la médica “pese a lo razonablemente reprochable del procede”.
Despedida por estos hechos
Los hechos sucedieron, según el ministerio público, en la madrugada del 21 al 22 de noviembre cuando la acusada estaba de guardia en el centro y aprovechando que la enfermera se había dejado su tarjeta de identificación en el lector del ordenador y que no estaba presente, accedió al sistema Abucasis de Sanidad para proceder a registrar la administración de la vacuna contra la covid-19 a un paciente al que, sin embargo, no se le había citado ni administrado el suero.
A continuación, para crear la apariencia de que el paciente sí había sido citado, intentó firmar la cita con la misma tarjeta de la enfermera, pero al requerirle el sistema que introdujera el pin de seguridad no pudo proseguir con la operación. Por ello, para seguir con "la maniobra fraudulenta" usó entonces su propia tarjeta en otro ordenador, según la acusación pública.
Sin embargo, la acusada ha mantenido que la familia nunca le comunicó que tuvieran planeado un viaje familiar y ha alegado que, en caso de que necesitaran un certificado, ella, que también trabaja en la sanidad privada, tenía otros métodos para proporcionárselo como PCR negativas. Además, ha afirmado que en el caso de fuera cierta esta acusación hubiera solicitado la marca Janssen que en ese momento requería una sola dosis, y no dos como Pzifer, para obtener el certificado.
Como consecuencia de estos hechos, la médica fue despedida del hospital en el que prestaba sus servicios, cuya área de cobertura sanitaria abarcaba el centro de salud de Aldaia.
