Las asociaciones de víctimas de la DANA del 29 de octubre de 2024 han exigido la dimisión de Susana Camarero tras acompañar este martes su declaración ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, al considerar incompatible que continúe formando parte del Consell después de lo ocurrido durante la emergencia.
Representantes de la Asociación de Víctimas de la DANA 29 de Octubre de 2024, de la Asociación de Víctimas Mortales DANA 29-O y de la Asociación de Víctimas y Damnificados por la DANA de l’Horta Sud de Valencia han acudido a las puertas del juzgado durante la comparecencia de quien era vicepresidenta del Consell y consellera de Servicios Sociales el día de la riada.
Las entidades han señalado que la declaración judicial de Susana Camarero pone de manifiesto, a su juicio, “una evidencia política incontestable”: que las personas más vulnerables de la sociedad valenciana no estuvieron protegidas durante la peor catástrofe sufrida en décadas.
Las asociaciones han recordado que el 29 de octubre las residencias, las personas dependientes, las usuarias de los servicios de teleasistencia y otros colectivos vulnerables dependían directamente de los mecanismos públicos de protección vinculados al departamento que dirigía Susana Camarero.
Las víctimas han criticado además que Camarero participara en el CECOPI mientras la tragedia avanzaba por los municipios afectados y han señalado que abandonó la reunión para asistir a una entrega de premios. Para las asociaciones, este hecho agrava la responsabilidad política de la entonces responsable autonómica de Servicios Sociales.
En su comunicado, las entidades han afirmado que el resultado “es conocido por toda la sociedad valenciana” y han recordado que personas mayores perdieron la vida en residencias y personas dependientes murieron en sus domicilios. Por ello, han sostenido que, más allá de las explicaciones que pueda ofrecer ante la jueza, Susana Camarero “ya debería haber asumido su responsabilidad política y haber abandonado el Consell hace mucho tiempo”.
Las asociaciones también han dirigido sus críticas al actual Consell al considerar que el problema no se limita a lo ocurrido aquel día, sino a la falta de consecuencias políticas posteriores. Las entidades han señalado que Camarero continúa ejerciendo responsabilidades públicas “como si el 29 de octubre de 2024 no hubiera pasado nada”.
En la misma línea, las víctimas han afirmado que el gobierno de Pérez Llorca continúa negándose a asumir las consecuencias políticas de lo ocurrido y han reiterado su exigencia de que Carlos Mazón entregue su acta de diputado.
Las asociaciones han defendido que las personas que formaban parte del núcleo de decisión del gobierno valenciano el 29 de octubre de 2024 no pueden continuar actuando “como si nada hubiera pasado”.
Las víctimas han cerrado su comunicado reclamando “verdad, justicia, reparación y responsabilidades políticas” y han insistido en que seguirán exigiendo la verdad para que una emergencia no vuelva a gestionarse, según han denunciado, “desde la negligencia y la irresponsabilidad política”.
