Durante años, el Partido Socialista repartió lecciones de prudencia cada vez que alguien se atrevía a relacionar inmigración ilegal y delincuencia. Bastaba citar un dato incómodo para ser acusado de sembrar discursos peligrosos. Pues bien, esta supuesta responsabilidad les ha durado exactamente lo que han tardado en quedarse sin excusas para explicar el deterioro de la seguridad en Aldaia. Cuando el relato se hunde, aparecen los culpables.
El primer intento de justificar el aumento de la delincuencia en Aldaia fue señalar al Bonaire. Incluso llegaron a sugerir que habría que revisar las estadísticas porque no podía permitirse que nuestro municipio apareciera como el de mayor incremento de delincuencia de la Comunitat Valenciana, tal y como pudimos leer recientemente en la prensa. Quizá, lo prudente y responsable sería cambiar la realidad que reflejan los datos, no los datos que reflejan la realidad. Pero eso, naturalmente, queda a la elección de cada cual.
Sin embargo, cuando demostramos con datos oficiales que el fuerte aumento de la criminalidad en Aldaia no podía atribuirse, ni mucho menos, al centro comercial, poco tardaron en el último pleno municipal en señalar a la inmigración ilegal como explicación del problema. Y aunque todos sabemos, casualmente ahora, que existe una realidad preocupante vinculada a la inmigración irregular en nuestro municipio, reducir toda la inseguridad a esa causa es otra forma de escapar del debate de fondo y de la responsabilidad que debería asumir un alcalde.
Los datos publicados por el Ministerio de Interior dejan poco margen para el relato: los robos en viviendas en Aldaia han crecido un 244% durante los últimos tres años de gobierno socialista. En nuestro pueblo se asaltan casi dos viviendas a la semana, desaparecen dos coches al mes, y se producen episodios tan graves como apuñalamientos, violaciones y hasta asesinatos.
A todo ello se suma la continua degradación de la convivencia y la sensación de inseguridad de muchos vecinos que protestan mensualmente en cada pleno lo que sufren en sus calles, hasta el punto de no poder descansar ni en sus propias casas. Y todo esto, ni ocurre en el demonizado recinto comercial ni es una exclusiva de la inmigración ilegal como nos quiere hacer creer el partido socialista.
La verdadera razón de la situación en la que nos encontramos es la inacción mantenida durante años por la administración local en materia de seguridad. Pero la hipocresía no termina ahí. Los mismos que ahora recurren a la inmigración ilegal como explicación de la inseguridad son los que respaldan, sin matices, una estrategia de regularización masiva de inmigrantes impulsada por Pedro Sánchez cargada de evidentes implicaciones electorales.
Hablamos de un alcalde que no dudó hace poco en mostrar todo su apoyo a su líder en una manifestación convocada en defensa de la esposa del Presidente del Gobierno y su entorno político y personal acorralado por la corrupción. Una manifestación a la que acudió Luján bajo el lema de “l’assejament i els bulos no han de tindre lloc en política”. Salvo cuando el bulo sea útil para ocultar su mala gestión, le añadiría yo.
Aldaia no necesita un Gobierno que improvise culpables en función del momento, necesita un gobierno que gobierne. La seguridad ciudadana no se defiende con cortinas de humo, sino con policías, vigilancia, prevención, planificación, inversión y coraje político. Todo aquello que se ha solicitado reiteradamente por la oposición y que Aldaia lleva años esperando.
[ Jesús Molins | Portavoz del Partido Popular Aldaia | @jesusmolinsoto ]
