Con el objetivo de promover la igualdad entre hombres y mujeres y tratar de corregir en la medida de lo posible la brecha salarial y laboral que aún existe en nuestro país, el Ayuntamiento de Mislata está empezando a incluir criterios sociales en sus contratos públicos. Uno de esos criterios es el de "Igualdad en la empresa", un distintivo que reconoce la aplicación de políticas de igualdad en el trabajo, tanto en los modelos de organización como en las condiciones de trabajo.
Desde hace unas semanas, las mercantiles que disponen del distintivo de "Igualdad en la empresa", otorgado por el Ministerio de Servicios Sociales e Igualdad, tienen prioridad para la adjudicación de los contratos públicos del Ayuntamiento de Mislata. Aunque el criterio económico sigue siendo importante a la hora de valorar las ofertas que se presentan a un concurso, ya no es el único.
Como explica el concejal de Contratación, Ximo Moreno, "hemos comenzado a incluir criterios de desempate en los pliegos administrativos, lo que conllevaría a que en el caso de producirse igualdad de puntuación, la decisión se decantará por aquella oferta que presente el distintivo de Igualdad en la Empresa”.
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Mislata da un paso más en sus políticas de igualdad y lo hace, como siempre, de una manera transversal. "Se pueden hacer políticas de igualdad desde la Casa de la Dona, pero también desde otras áreas, como Contratación, Educación, Deportes o cualquier otra concejalía. Sólo hay que creerse la igualdad de verdad y pasar de los gestos a los hechos", asegura Mª Luisa Martínez, portavoz del gobierno municipal. Como ha quedado demostrado un año más, con motivo del Día Internacional de la Mujer, la desigualdad laboral, social y económica sigue existiendo y el Consistorio de Mislata se ha propuesto hacer todo lo que esté en sus manos para reducirla.
En diciembre de 2015 todos los grupos políticos de la Corporación Municipal aprobaron por unanimidad una moción presentada por el Grupo Socialista para incluir criterios éticos, sociales y medioambientales en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos.