El Gobierno de España ha aprobado una nueva directriz nacional para la gestión de inundaciones graves que obligará a restringir la movilidad y cortar accesos de forma inmediata ante emergencias hidrológicas. Esta reforma normativa, la primera actualización del protocolo desde 1996, busca evitar tragedias como la DANA de octubre de 2024, marcada por la falta de restricciones tempranas que dejó a miles de conductores atrapados. Paralelamente, la tensión social aumenta tras el anuncio de las principales asociaciones de víctimas de declinar su participación en la Mesa Permanente de Trabajo convocada por el Comisionado para la Recuperación.
Nuevo protocolo de movilidad y seguridad
La nueva directriz, impulsada por el Ministerio del Interior, establece una planificación estricta para impedir que el tráfico civil bloquee el paso de servicios esenciales, militares o ambulancias en vías críticas como la A-3 o la Pista de Silla. Para ello, el territorio afectado se dividirá en cuatro áreas funcionales:
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Zona de intervención: Área directamente afectada con acceso restringido exclusivamente a equipos de emergencia.
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Zona de socorro: Espacio destinado a la atención sanitaria, albergues y clasificación de afectados.
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Zona base: Plataforma logística para la recepción y distribución centralizada de recursos.
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Zona de alerta: Áreas en vigilancia preventiva donde se ubicarán los centros de mando avanzado.
Coordinación y críticas al sistema de alertas
El protocolo exige una comunicación continua entre las confederaciones hidrográficas y los centros de emergencia (Cecopi) para monitorizar caudales y riesgos de desbordamiento en tiempo real. No obstante, la normativa ha recibido críticas por no reforzar específicamente el papel del sistema de alertas móviles ES-Alert, el cual sigue sin protocolos de activación obligatoria claros.
Ruptura del diálogo con los afectados
En el ámbito de la recuperación, la Associació de Víctimes de la DANA 29 d’octubre y la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, junto a los Comités locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER), han decidido no asistir a la reunión institucional programada para este lunes 4 de mayo.
La invitación, cursada por la Dirección General de Atención a las Víctimas y el Comisionado para la Recuperación, ha sido rechazada formalmente por las organizaciones. Este desplante supone un distanciamiento significativo respecto a los planes de reconstrucción de la administración, evidenciando el malestar de los afectados tras una catástrofe que se cobró 230 vidas y dejó graves cuestionamientos sobre la gestión logística y de avisos.
