El alcalde pedáneo de La Punta anuncia que pagará de su bolsillo acciones legales contra el Plan Especial de la ZAL

El alcalde pedáneo de La Punta, Ignasi Vázquez Tatay, ha anunciado que va a emplear todo el sueldo que cobra del Ayuntamiento por su cargo en emprender acciones legales contra el Plan Especial de la ZAL impulsado por la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València. Así se expresa en un comunicado hecho público hoy, llevado por la necesidad, asegura, de “explicar y hacer público aquello que otros con sus maniobras políticas e información sesgada intentan ocultar”.

A criterio de Vázquez, la Zona de Actividades Logísticas ubicada en La Punta “es un procedimiento irracional y especulativo que no sirve al propósito que se explicita en público”. Si bien reconoce que la responsabilidad de reemprender el plan anulado por los tribunales fue del gobierno del PP en 2014, señala claramente que es el govern del Botànic el que ha de asumir la responsabilidad política de continuar con su tramitación.

...la Zona de Actividades Logísticas ubicada en La Punta “es un procedimiento irracional y especulativo que no sirve al propósito que se explicita en público”.

Vázquez recuerda que en la aprobación de la ZAL han vuelto a intervenir las tres administraciones –central, autonómica y local- sin que se haya dado ninguna capacidad de intervención ni al alcalde de La Punta, ni a los vecinos directamente afectados, ni a otros sectores de la ciudadanía que han expresado la disconformidad.

Todo ello está ocurriendo en una ciudad en la que, recordemos, se enarbola la bandera de los procesos participativos como base de la toma de decisiones en lo que a la propia configuración e intervención en los barrios se refiere. Llama la atención que esta práctica no se lleve a cabo en el caso concreto de La Punta, algo que lamenta el alcalde pedáneo cuando afirma que no se ha tenido en cuenta a la ciudadanía que, asegura, “ha expresado la disconformidad con el plan” de la ZAL.

Las quejas y lamentos de Vázquez no se quedan ahí. En su comunicado retrata a los políticos que, en representación de las tres administraciones públicas implicadas, han tratado a la huerta de València como auténtica mercadería en un cambio de favores digno de la más baja clase: “De la sombra de aquellas negociaciones entre administraciones sabemos que salió el Plan de Natzaret, La Marina, el PATH, de la ley de l’Horta, de la V-21 y de la ampliación de la depuradora de Pinedo”, desvela Vázquez, quien denuncia que en dichas negociaciones “se ha utilizado el territorio como mera mercadería para tapar los errores de nuestros políticos”.

Es como si “un iluminado derribara la Alhambra para construir un aeropuerto o cualquier otra infraestructura”.

Cuestiones tan dolorosas como el desalojo forzoso del vecindario de La Punta o lo que Vázquez denomina en su comunicado “la violación de derechos humanos y la pérdida de patrimonio para el futuro de toda la sociedad”, han sido sistemáticamente obviadas y eliminadas de cualquier tipo de consideración en estas negociaciones.

Vázquez habla en su comunicado de la irreparable pérdida de "siglos de sabiduría y cultura popular depositados en La Punta que se encuentran en peligro de extinción con este Plan", por no hablar de la "destrucción de la partida agrícola, sus caminos y sendas", llegando a comparar esta auténtica masacre etnológica con lo que supondría para una ciudad como Granada que “un iluminado derribara la Alhambra para construir un aeropuerto o cualquier otra infraestructura”.

Ante el futuro que se presenta para La Punta, Ignasi Vázquez sentencia que “no puedo más que expresar mi total discrepancia en las formas y en el fondo. No puedo estar de acuerdo con que se planifique el futuro de La Punta y de València con ideas del siglo pasado que, en mi opinión, condenan al pueblo de La Punta a su deshumanización urbana. La aprobación de este plan obliga a la ciudad de Valéncia a perder su tan preciada muralla verde de huerta. Todos los valencianos se verán privados de los beneficios de la huerta periurbana del sur de la ciudad y a cambio los especuladores del territorio tendrán su beneficio privado".

Para el alcalde pedáneo el argumento de que se tiene que aprobar el plan porque sólo se había anulado por defecto de forma, no es válido ya que “veo el mismo fondo y las mismas formas tanto en el plan como en los políticos”. Unas formas que, a su juicio, “siguen violando los derechos de las familias que tienen raíces en La Punta y éste es el aspecto que más me ofende como alcalde de La Punta, como vecino y como descendiente de expropiados”.

“siguen violando los derechos de las familias que tienen raíces en La Punta y éste es el aspecto que más me ofende como alcalde de La Punta, como vecino y como descendiente de expropiados”.

“Si los responsables políticos del Ayuntamiento y la Generalitat tienen la voluntad expresa de hacer una ZAL en La Punta, no hay más que decir sobre el fondo de la cuestión. Sólo que asuman ante la Historia el peso de sus decisiones. Como en otras ocasiones, obligan a la sociedad civil a buscar amparo en los tribunales”, ha afirmado.

En conclusión, Vázquez pide “a todo aquél que esté en contra de este plan que tenga la valentía de alzar su voz y aporte su granito de arena en la lucha contra la hegemonía informativa que pretende exculpar a los responsables directos”.

A “los responsables directos”, Vázquez les suplica “clemencia para La Punta, que se paralice la tramitación actual del Plan de la ZAL para no revivir el tortuoso camino que ya llevamos 20 años caminando cada uno como puede, sobreviviendo” en lo que ha calificado un “oscuro pasaje de la historia valenciana” en el que sólo queda “encomendarnos a la penosa vía judicial para remedar los errores de nuestros políticos”.

Vázquez es en su comunicado especialmente crítico con la reciente vuelta de Compromís, en precampaña electoral, a la postura de que “La Punta es irrenunciable”, al recordar a la formación de Joan Ribó que “ellos han tenido gran parte de responsabilidad en la tramitación” del Plan de la ZAL.

Vázquez advierte que no piensa dimitir de su cargo, pero suspende sus tareas de “asistencia a funcionarios y a reuniones políticas en señal de protesta. Voy a destinar íntegramente la compensación que cobro por mis funciones de alcalde pedáneo para contribuir a los gastos del futuro contencioso administrativo en contra del nuevo Plan Especial de la ZAL”.