El Grupo Municipal Popular de Torrent ha logrado que el Pleno del Ayuntamiento reclame al Gobierno de España la derogación de la obligación impuesta a los ayuntamientos por la Ley 7/2022 de establecer una tasa específica para sufragar el coste del servicio de recogida de residuos o, como alternativa, una moratoria de tres años para los municipios afectados por la DANA.
El PP presentó dos enmiendas de sustitución a la moción planteada por el Grupo Municipal Socialista sobre la tasa de residuos. Las enmiendas populares sustituyeron los acuerdos segundo, tercero, cuarto y quinto incluidos inicialmente por el PSPV.
La primera enmienda reclama al presidente del Gobierno la derogación de la obligación establecida por la Ley 7/2022 para que los consistorios implanten este tributo y pide que se opte por cualquiera de las medidas previstas en la normativa europea que resulte menos gravosa para los ciudadanos. La segunda reitera la petición que Torrent ya trasladó al Gobierno de España para establecer una moratoria de tres años en los municipios afectados por la DANA si no se elimina dicha obligación.
La portavoz del Grupo Popular, Sonia Roca, ha señalado que “el PSOE quería centrar el debate en cómo modificar la tasa, mientras que desde el PP hemos llevado al Pleno la cuestión que realmente importa: por qué los vecinos tienen que soportar una nueva carga económica cuando el Gobierno de España podía haber desarrollado la normativa europea de una forma menos perjudicial para sus bolsillos”.
Roca ha añadido que “no vamos a aceptar que quienes aprobaron en Madrid la ley que obliga a implantar esta tasa vengan ahora a Torrent a presentarse como quienes quieren solucionar sus consecuencias. Si el PSOE considera que esta tasa perjudica a las familias y a los comercios, tiene muy fácil actuar: que pida a Pedro Sánchez que cambie la ley”.
Las enmiendas del PP fueron aprobadas con los votos favorables de PP y Vox, la abstención de Compromís y el voto contrario del PSPV y del concejal no adscrito. Posteriormente, la moción ya modificada con los acuerdos planteados por el Partido Popular salió adelante con los votos de PP, Vox y PSPV, la abstención de Compromís y el voto en contra del concejal no adscrito.
La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, anunció hace unos días, dentro de la política fiscal del gobierno municipal para aliviar a las familias ante la nueva tasa de residuos, que el Ayuntamiento planteará reducir el tipo de gravamen urbano desde el actual 0,49% hasta el 0,40%, el mínimo permitido por la ley, lo que supone una rebaja del 18,37%. Será la tercera reducción del IBI durante este mandato y situará la bajada acumulada desde el 0,5346% de 2023 en un 25,2%, una medida ya avanzada por Hortanoticias en la información sobre la propuesta de rebaja del IBI en Torrent.
Roca ha indicado que “mientras el Gobierno de España obliga a los ayuntamientos a cobrar una nueva tasa, desde Torrent actuamos sobre los impuestos que sí dependen de nosotros y bajamos el IBI hasta donde legalmente podemos”.
El debate sobre la tasa de residuos ya había llevado al Ayuntamiento de Torrent a reclamar al Gobierno una moratoria para los municipios afectados por la DANA, una petición que el consistorio defendió al aprobar la nueva tasa por imperativo legal, pese a la moratoria de tres años solicitada por Torrent.
Según ha explicado Roca, “nosotros tenemos una posición clara: bajar impuestos en Torrent y exigir al Gobierno de España que deje de cargar sobre las familias las consecuencias de sus decisiones. Y mientras Sánchez no rectifique, seguiremos reclamando que, como mínimo, los municipios golpeados por la DANA tengan tres años de moratoria. Torrent ya ha sufrido bastante como para que ahora el Gobierno le añada una nueva factura”.
La Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular establece que las entidades locales deben contar con una tasa o prestación patrimonial pública no tributaria específica, diferenciada y no deficitaria para reflejar el coste real de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de residuos.
