El pleno del Ayuntamiento de Rocafort, en una sesión extraordinaria ha aprobado la caducidad del PAI (Programa de Actuación Integrada) del Bovalar y resolver la condición de agente urbanizador de la empresa adjudicataria.
El pasado 28 de febrero, el Consell Jurídic Consultiu de la Generalitat emitió un dictamen que consideraba procedente que el pleno declarara la caducidad del PAI por el incumplimiento del contrato por parte de la mercantil, que tampoco atendió a los requerimientos del Ayuntamiento y dejó de ejecutar parte de las prestaciones que debía llevar a cabo en unos terrenos que afectan a más de medio centenar de propietarios.
El documento establecía que la empresa debía realizar varias actuaciones para que el área tuviera uso urbanístico, como construir una rotonda en la CV-310, encauzar y conectar la cuenca de drenaje con el Barranc dels Frares, además de habilitar la conexión y puesta en funcionamiento de la red de alcantarillado a través de EPSAR (Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales), entre otras.
Después de que durante el último año y medio la concejalía de Urbanismo haya realizado gestiones con la empresa para intentar solucionar la situación, el pleno municipal de septiembre aprobó el inicio del procedimiento para resolver la condición del agente urbanizador, que ha culminado hoy.
Diez años paralizado
“El PAI es producto de una época de abusos y de burbuja urbanística. Ha sido un proyecto ejecutado de manera irresponsable. Los últimos meses, el Ayuntamiento ha tomado una posición firme y constante en defensa de los intereses del pueblo y de los propietarios, que no pueden hacer uso de sus solares como parcelas urbanas. Ahora la gestión directa nos permitirá conocer la situación real del plan urbanístico. Es un paso necesario para la solución definitiva del caso”, según ha afirmado el concejal de Urbanismo, Eduard Comeig.
Ahora, el Ayuntamiento opta por la gestión directa del PAI, afectando los bienes y los recursos del programa cancelado con la incautación de una garantía de 54.243,30 euros, correspondiente al 10% de los avales depositados por la empresa. El Consistorio deberá revisar la situación actual de los terrenos, las obligaciones del agente urbanizador y de los propietarios, para tratar de dar salida a una situación que lleva cerca de diez años paralizada.
El primer promotor del PAI, imputado en el caso Gürtel
Las obras del PAI del Bovalar llevaban años paralizados debido, entre otras cosas, a que José Luis Ulibarri, el presidente de Begar, figurase como uno de los 71 imputados en la parte madrileña del caso Gürtel, según el auto del magistrado Antonio Pedreira, tras levantarse parte del secreto del sumario. En aquellos momentos empresas subcontratadas por Begar pidieron al consistorio de Rocafort que les devolviese lo adelantado a los agentes urbanizadores.
