La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática ha iniciado las obras para construir el edificio de ocho viviendas protegidas en la Plaza del Árbol nº 2, en el corazón del barrio del Carmen de València, con un coste de 957.043 euros.
En agosto de 2010, el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA), hoy EVha, comenzó las obras de rehabilitación de este edificio. Al tratarse de un inmueble protegido y teniendo en cuenta que contaba con graves deficiencias constructivas, el proyecto preveía el vaciado interior del edificio, la consolidación de las fachadas y la construcción de ocho pisos de nueva planta.
Tras la demolición del interior y la estabilización de las fachadas, en septiembre de 2011 la obra quedó paralizada, resolviendo posteriormente el contrato con la empresa adjudicataria.
Desde entonces, ningún gobierno autonómico tuvo intención de retomarla hasta que en 2017 el Consell incluyó esta actuación dentro del plan de reactivación de promociones de edificación que fueron paralizadas por gobiernos valencianos anteriores. Este plan supone la reanudación de ocho edificios, con una inversión de 6,3 millones de euros, con el objetivo de ampliar el parque de vivienda protegida de alquiler asequible en 111 viviendas más.
Para reiniciar las obras en Plaza del Árbol, en septiembre de 2018 se iniciaba una primera fase de la excavación arqueológica necesaria para actuaciones de este tipo en el centro histórico de la ciudad. Los trabajos tuvieron un coste aproximado de 35.000 euros.
Ahora, con el reinicio de las obras, se llevará a cabo el resto de la actuación a ejecutar, la segunda fase de la excavación arqueológica y la construcción del edificio. De esta manera también se da respuesta a una reivindicación vecinal de Ciutat Vella.
Estas actuaciones demuestran el impulso que el actual Consell está dando a la vivienda protegida para facilitar el acceso a capas de la población que no pueden acceder a un inmueble en el mercado libre.
Cabe destacar que en la adjudicación de estas viviendas se aplicarán los criterios sociales de la resolución de la Conselleria de Vivienda que prioriza a aquellos colectivos con mayores dificultades para acceder a una vivienda como víctimas de violencia de género, afectados por un desahucio derivado de una ejecución hipotecaria, personas con discapacidad, entre otros casos.
