La plataforma Ciutat-Port ha pedido ante los tribunales la suspensión de la macroampliación del puerto de Valencia.
La Audiencia Nacional admitió a trámite el pasado diciembre un recurso contencioso administrativo de la misma plataforma contra la Resolución ministerial que, a petición de la entidad pública Puertos de Estado, pretendía modificar con casi quince años de retraso la Declaración de Impacto Ambiental otorgada para la ampliación del Puerto de Valencia en 2007, para atribuir a la misma Autoridad Portuaria promotora de las obras la potestad de decidir si resulta necesaria o no una nueva Evaluación Ambiental para unas obras de ampliación de difieren completamente de las contempladas en aquella DIA.
Tal y como han razonado en su escrito de demanda, dicha Resolución del MITECO es nula de pleno derecho por haberse dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento previsto en la legislación básica estatal en materia de revisión de actos administrativos, fijado en la Ley de Procedimiento Administrativo Común, y suponer un fraude de la legislación ambiental.
Fuentes de la plataforma ciudadana recuerdan que las obras que pretende llevar a cabo la APV, y de las que Puertos del Estado y el MITECO pretenden ahora desentenderse, vulneran las autorizadas en la DIA de 2007.
En el escrito de demanda se describe la política de la APV como “de hechos consumados” lo que se ilustra con actuaciones como la convocatoria de un concurso público para el otorgamiento de una nueva “concesión para la construcción y explotación de una terminal pública de pasajeros en el puerto de Valencia” en un nuevo emplazamiento, que ni siquiera está dentro del ámbito delimitado en la DIA originaria, sin que se haya procedido a una nueva evaluación ambiental.
Según afirman portavoces de la plataforma autora del recurso contencioso administrativo, a la vista del expediente aportado por el MITECO al procedimiento judicial, “es evidente que tanto Puertos del Estado como el Ministerio están buscando eludir sus obligaciones para dejar en manos de la misma APV la responsabilidad sobre una macroampliación que se ha convertido en un auténtico “marrón” del que nadie quiere rendir cuentas por los riesgos medioambientales que entraña para el litoral valenciano y el lago de la Albufera”.
La demanda incluye la petición de apertura de una pieza separada para la adopción de medidas cautelares consistentes, no solo en la suspensión de los efectos de la Resolución que otorga la potestad a la APV de ser juez y parte en la decisión sobre el sometimiento a Evaluación ambiental de las nuevas obras proyectadas, sino también la de otros actos, tanto de Puertos del Estado como de la misma APV, directamente vinculados a aquellas para evitar la producción de actuaciones directas que pudiesen frustrar la finalidad legítima del recurso y la efectividad misma de la futura Sentencia.
Paralización de la ampliación del puerto
De aceptarse la solicitud de suspensión judicial reclamada por la plataforma ciudadana, la Autoridad Portuaria no podría aprobar el Proyecto y adjudicar la ejecución de la obra de ampliación del Puerto ni tampoco del nuevo muelle de cruceros hasta que recayese sentencia definitiva.
Como acto simbólico para visibilizar la formalización ante la Audiencia Nacional del escrito de demanda en el recurso contencioso administrativo abierto contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, mañana viernes, 13 de mayo, entre las 10.30 h y las 11.30 una pequeña representación de personas que forman parte de la Comissió Ciutat-Port se concentrará en la plaza del Temple de Valencia frente a la puerta de la Delegación del Gobierno.
