El PP de Torrent ha informado hoy de que la Fiscalía Provincial de Valencia, donde llevaron toda la documentación sobre el conocido como ‘Caso Uniformes’, ha decidido, una vez realizadas las diligencias de investigación, remitir el caso al juzgado de Torrent para que incoe el oportuno procedimiento penal ya que, según la Fiscalía, se han producido hechos que “podrían ser constitutivos de un delito contra la administración pública”.
El ‘Caso Uniformes’, iniciado después de que se advirtiera que el pliego de condiciones del proceso de contratación de la uniformidad policial contradecía frontalmente un decreto de la Generalitat. Como consecuencia de esto, una única empresa pudo suministrar el color azul celeste que pedía el Ayuntamiento, en lugar del amarillo marcado por el decreto. El Consistorio adjudicó el servicio a esta empresa por 205.000 euros, “pese a que su competidora presentaba las prendas por casi 100.000 euros menos”.
La Fiscalía de Valencia ya notificó en el mes de marzo que abría diligencias de investigación penal por el caso tras un escrito del grupo popular en el que se ponían de manifiesto numerosas irregularidades en el proceso de contratación de la uniformidad policial por un valor de 205.000 euros.
Una vez finalizadas las diligencias de investigación y al apreciarse hechos irregulares, la Fiscalía ha trasladado el caso al Juzgado de Torrent con el objetivo de que se inicie un procedimiento penal, en su escrito la Fiscalía señala que se han puesto en su conocimiento “determinadas irregularidades en el procedimiento de contratación para el suministro de vestuario de la plantilla de Policía Local, presuntamente con el fin de beneficiar a la empresa adjudicataria”, hechos que podrían ser constitutivos de delito.
En este sentido, también se manifestó tanto el sindicato CCOO, como la empresa que no fue adjudicada, el primero habla de “intereses empresariales en la vulneración del decreto con el fin de vender más y antes que nadie”, mientras que la segunda afirma que “algunas descripciones técnicas del pliego son copias de etiquetas de los productos de la empresa adjudicada”.
Fin de la comisión de investigación
Por otra parte, desde el PP han explicado que ya ha finalizado la comisión de investigación que se viene celebrando desde hace dos meses para esclarecer los hechos que rodean a la contratación y que en las próximas semanas se celebrará la sesión de conclusiones, donde los diferentes grupos municipales manifestarán su postura.
Para los populares, “está muy claro que hay responsabilidades, ahora tendremos que sentarnos, analizar toda la documentación de la comisión de investigación y ver el alcance de las mismas”.
Según el PP, “es significativo que la Fiscalía acepte a trámite, abra diligencias porque ve indicios, y ahora inste al juzgado a abrir un procedimiento penal, lo que esperamos es que todo esto se resuelva pronto, es intolerable que se juegue con el bolsillo de los torrentitos”.
Desde el equipo de Gobierno socialista, insisten en que se limitaron a seguir el procedimiento para la adjudicación “con todos los informes técnicos favorables”. En ese sentido, han trasladado su disposición a colaborar en todo aquel proceso que se precise para tratar de esclarecer el asunto.
El equipo de Gobierno asegura que ya ha colaborado con la Fiscalía facilitándole cualquier requerimiento “en un ejercicio de transparencia como el que se viene desarrollando en la comisión del propio Consistorio que el PSOE-PSPV Torrent aprobó junto al resto de grupos y en la cual han participado además numerosos técnicos y cargos públicos para aclarar el tema”, apuntan fuentes del partido.
