La consellera de Viviendas, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha reconocido hoy que la posición de su departamento en el conflicto entre taxis y VTC tiene que ser el de procurar un espacio de convivencia entre todos los actores velando siempre por la ciudadanía y procurando evitar cualquier medida que genere pago de indemnizaciones o responsabilidad patrimonial a la administración.
Salvador se ha pronunciado así preguntada por el decreto que debe regular el servicio de las VTC y que depende de las autonomías después de la delegación de competencias hecha por el ministro de Fomento para los próximos cuatro años, plazo tras el cual las empresas de VTC tendrán que cumplir la cuota 1/30 (un VTC por cada 30 taxis) o quedarán fuera del mercado.
Así, en este plazo, son los Gobiernos autonómicos los que deben regular el servicio en el transporte interurbano mientras los ayuntamientos hacen lo propio en sus ciudades. Por ello, Salvador se ha limitado a reiterar la propuesta de su departamento que está en fase de borrador a la espera de la presentación de alegaciones para iniciar el trámite habitual de un decreto de este tipo.
La propuesta de la Generalitat pasa por establecer un mínimo de 15 minutos para la precontratación de VTC y evitar tanto la geolocalización como la recogida de clientes en marcha como hacen los taxistas.
Por su parte, el concejal de Transporte de València, Giuseppe Grezzi, presente también en el acto de presentación del servicio nocturno de Metrovalencia, ha explicado ante los medios que el servicio de VTC siempre ha existido en las ciudades como servicio discrecional y seguirá existiendo pero ha insistido en que, si quieren dar un servicio como el del taxi, tienen que cumplir sus mismas prerrogativas y, si no, tendrán que adaptarse a la normativa que se aplique a las VTC.
