El pasado viernes se celebró la última sesión de la comisión de investigación de la gestión de la empresa municipal Gespa desde su creación. La conclusión de Compromís (que, según el partido, coincide con la de mayoría de grupos salvo el PP) es que los años de gestión de la empresa pública por parte del Partido Popular “están llenos de irregularidades y de carencia de procedimientos adecuados a una empresa pública, tanto en la contratación de personal como la selección de proveedores y en la formación a los trabajadores”.
Compromís per Paterna, en sus conclusiones, ha dejado patente que la contratación tanto de los directivos de la empresa como del resto de trabajadores bajo la presidencia del Partido Popular ha sido un “coladero de enchufismo” y de pago de favores por parte de los anteriores dirigentes. “Cuando tienes una empresa pública que no respeta las reglas de contratación de personal, quién lo paga son los ciudadanos de Paterna, que no han tenido la posibilidad de optar a un trabajo en la empresa”, ha declarado el concejal de Compromís per Paterna, Carles Martí.
“Tanto en las auditorías, como en las declaraciones, se pone de manifiesto lo que Compromís ha denunciado desde hace muchos años: Gespa ha contratado repetidamente a las mismas empresas sin procesos de selección de la mejor oferta por un mandato político manifiesto”, denuncian desde la formación política que ha visto confirmada, según declara, sus denuncias en la última etapa de gobierno del PP sobre la intención de este de cerrar la empresa pública.
“Estas empresas han estado contratando con la empresa anualmente por encima de los límites que permite la ley, por eso, desde Compromís solicitamos al Ayuntamiento que investigue estos contratos y exija las responsabilidades correspondientes, si hace falta penales en estos hechos. Por último, como ejemplo de la gestión irregular del PP, la auditoría refleja una contratación por parte de la directora de marketing, Amparo Burgos, a una empresa de su propiedad”, añade Martí.
Para la coalición valencianista también destaca que en la comisión hay un hecho que no ha quedado aclarado, ni en las auditorías, ni en las declaraciones, y no es otro que si la contratación en 2015 de 3 directivos bajo la presidencia del PSPV se realizó de acuerdo a ley. Según Compromís, “existen contradicciones sobre los motivos de la contratación y del proceso que se siguió”.
“Estas irregularidades no pueden quedar tapadas por el cierre en falso de esta comisión, el Ayuntamiento tiene que reclamar las responsabilidades que correspondan en cada caso e iniciar los procesos de investigación y denuncia de los hechos que han quedado demostrados en esta comisión hasta las últimas consecuencias. La ciudadanía tiene derecho a saber y el Ayuntamiento tiene que recuperar aquel dinero que ha sido derrochado presuntamente por una gestión nefasta y en muchos casos con una presunta gestión al margen de la ley”, concluye Martí.
