El Ayuntamiento de Xirivella aprueba hoy en sesión plenaria la modificación de las Ordenanzas Fiscales que supone la retención de subidas tributarias, como el IBI e, incluso, la reducción de otras tasas como la tasa de basuras para las viviendas. En este caso, la modificación de la ordenanza permitirá que las viviendas paguen un 8% menos que en 2013 mientras que las grandes empresas pagarán más.
Según el alcalde de Xirivella, Enrique Ortí, “a la hora de trabajar en estas ordenanzas se ha procurado bajar o congelar aquellos impuestos y tasas que afectan a la mayoría de los ciudadanos de Xirivella y limitar la subida de aquellas que vienen marcadas en el Plan de Ajuste porque se ha tenido muy en cuenta las sugerencias y reclamaciones de los ciudadanos, con el fin de mejorar el reparto del coste del servicio de recogida de basura”.
La nueva modificación de la ordenanza para la tasa de basura hará que las viviendas paguen un 8% menos y que las grandes empresas paguen más. Ya con la ordenanza de 2013, actualmente en vigor, este equipo de Gobierno consiguió que 12.863 viviendas de Xirivella pagaran un 7, 5% menos que en 2012. Así, en dos años, el actual equipo de Gobierno ha rebajado más de un 15% lo que un hogar de Xirivella debe abonar por su tasa de basura.
Con la ordenanza en vigor a finales de la anterior legislatura, según el Gobierno municipal, Además, las viviendas de Xirivella pagaban 43 euros anuales mientras que en 2014 pagarán 27, 7 euros, un 35, 5% menos.
En cuanto al IBI, la propuesta del equipo de Gobierno pasa por no incrementar la parte que le corresponde al Ayuntamiento de este impuesto por lo que “se han tomado otras medidas que ayudan a paliar el déficit de ingresos que provoca esta medida profundamente estudiada porque hemos hecho enormes esfuerzos para gestionar con el máximo rigor y responsabilidad los recursos económicos del Ayuntamiento”, ha explicado Ortí.
Otra de las novedades que se presenta hoy en el pleno tiene que ver con la gestión del cobro de los tributos ya que se amplía el plazo de tres a cuatro años para la concesión de aplazamientos y fraccionamientos. Además, independientemente de la cuantía, cuando el aplazamiento sea por un periodo inferior a 18 meses, no se exigirá garantía. Esto supone un cambio en la ordenanza en vigor, que exigía garantías a partir de los 3.000 euros.
Por último, otra de las modificaciones propuestas es que se elimina la posibilidad de que la Junta de Gobierno Local, gobierne quien gobierne, pueda decidir unilateralmente exenciones o bonificaciones de tributos. “Desde ahora se va a regular en las propias ordenanzas, cerrando la puerta a cualquier posible interés personal que pueda suponer trato de favor, esto es un ejercicio indiscutible de transparencia”, afirma Ortí.
