La Agrupación Vecinal de Mislata ha denunciado hoy que, cuatro años después de comprometerse con esta entidad a convertir el Hospital Militar en un hospital de referencia con urgencias y consultas de 21 especialidades diferentes, ni el PSPV de Ximo Puig ni la Coalición Compromís de Mónica Oltra han cumplido su promesa.
Un acuerdo en el que el Gobierno autonómico se comprometió ante los vecinos a convertir el centro hospitalario en un hospital de referencia con urgencias, consultas de 21 especialidades diferentes y otros servicios que cubrían un gran porcentaje de los motivos por los que se acude a un hospital, lo que evitaría a los vecinos tener que salir del término municipal.
El documento suscrito denunciaba el proceso de desmantelamiento que ha sufrido el Hospital Militar de Mislata desde que fue cedido por el Ministerio de Defensa a la Generalitat, a pesar de haber prometido convertirlo “en un hospital de referencia para Mislata”.
“Han pasado 4 años desde esa firma y Mislata continúa dependiendo de un Hospital de Manises que ni queremos ni nos interesa y mucho menos en manos de aquellos que comercian con la Sanidad”, denuncian hoy desde la Agrupación Vecinal, quienes afean a los hoy de nuevo candidatos que se comprometieran hace cuatro años a recoger las legítimas reivindicaciones de la población de Mislata que “no hayan movido ni una silla en el Hospital Militar” tras una legislatura al frente del Gobierno autonómico.
“La sanidad pública y de gestión pública es un derecho irrenunciable de esta población, máxime cuando tenemos que desplazarnos a otra población, para llenarles los bolsillos a quienes han hecho de la Sanidad un negocio puro y duro, teniendo en nuestro municipio un hospital construido con dinero público y que prácticamente se ha abandonado por parte de Generalitat para que sea un complemento más en manos de los comerciantes de la salud”, insisten.
Por ello, desde la Agrupación vecinal han vuelto a insistir a los representantes de PSPV y Compromís a que cumplan ya sus compromisos adquiridos hace cuatro años o a que digan públicamente que no piensan cumplirlos para que los vecinos sepan a qué atenerse “cuando vengan a pedir sus votos”.
