La zona APR de Ciutat Vella, actualmente controlada por cámaras para limitar el acceso de vehículos sólo a los vecinos, se convertirá en la primera zona de bajas emisiones (ZBE) de la ciudad de Valencia, tal y como ha propuesto este jueves el concejal Jesús Carbonell a la mesa de Movilidad.
La propuesta presentada por el concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana a la mesa recoge "Considerar el Área de Prioridad Residencial 'Ciutat Vella Nord'", creada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en su sesión de fecha 27 de noviembre de 2020, como Zona de Bajas Emisiones de acuerdo con lo previsto en el art. 14.3.a) de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, a la vista de la coincidencia existente entre los objetivos perseguidos por ambas figuras, que comparten el objetivo común de mejorar la calidad ambiental mediante la mitigación de las emisiones de gases, humos y partículas contaminantes”.
Y en la propia propuesta se dice que “se entiende por zona de baja emisión el ámbito delimitado por una Administración pública, en ejercicio de sus competencias, dentro de su territorio, de carácter continuo, y en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Vehículos vigente”.
Así el APR como recoge la propuesta del gobierno municipal “la Zona de Bajas Emisiones mencionada tendrá carácter transitorio y provisional en tanto se apruebe por el Ayuntamiento de Valencia la Ordenanza correspondiente para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto citado”.
Sin perjuicio de lo anterior la Concejalía continuará trabajando en la elaboración de la Ordenanza definitiva que incluirá, además del APR como Zona de Bajas Emisiones, otras medidas para el resto de la ciudad ya que se han recibido fondos europeos para la puesta en marcha de dichas medidas adicionales. La pretensión del Ayuntamiento es que esas medidas adicionales no supongan restricciones relevantes a los derechos de vecinos y comerciantes y, al mismo tiempo, que los fondos recibidos no sean devueltos a Europa.
