Una sentencia obliga al Ayuntamiento de Torrent a readmitir o a indemnizar con más de 30.000 euros a una de las AEDL a las que no se renovó su contrato, según ha denunciado el PSPV de Torrent.
Según fuentes socialistas, la demanda interpuesta por una de las Agentes de Empleo y Desarrollo Local contra el Ayuntamiento e IDEAT por improcedencia de despido ha sido estimada parcialmente, por lo que el consistorio deberá readmitir a la trabajadora con el abono de salarios de tramitación o proceder al abono de indemnización de 24.856,75 euros, que se sumarían a los 5.949,71 euros que percibió a la finalización del contrato, con lo que el montante superaría los 30.000 euros, la propia de un trabajador indefinido dada la situación irregular del contrato.
La sentencia, que determina la continuidad en la relación laboral o la correspondiente indemnización, se fundamenta en el entendimiento del Juzgado de lo Social Nº1 de Valencia de que el contrato temporal viene realizado en fraude de ley por entender que la prestación de servicios es la propia de un contrato indefinido y no de obra y servicio.
Para lo socialistas, “lo más sorprendente de este caso es la actitud de la exalcaldesa Amparo Folgado que llegó a airear ante los medios de comunicación este asunto en abril de 2016, cuando envió una nota de prensa en la que informaba de que había presentado unas preguntas por registro de entrada en las que pedía conocer de manera surrealista, entre otras cosas, conocer el tiempo desde el que llevaban prestando sus servicios en el Ayuntamiento, cuando fue su grupo cuando gobernaba en Torrent quien las contrató y en una fase de este proceso era concejala de personal”.
El portavoz del grupo municipal socialista, Andrés Campos, tachó entonces a la popular de “irresponsable por no conocer la situación cuando ella era la máxime responsable de lo que estaba ocurriendo”.
En su momento, siempre según el PSPV, el Ayuntamiento de Torrent entendió por finalizada la vinculación laboral en marzo del año pasado tras el vencimiento del último decreto, la no existencia de convocatoria vigente de subvenciones para este fin y tras los informes técnicos en contra de la continuidad de la vinculación.
