El sindicato UGT ha anunciado en un comunicado hecho público hoy que va a interponer recurso especial en materia de contratación por la adjudicación, por parte de la EMT a Viriato de Seguridad, de la vigilancia del aparcamiento Centre Històric – Mercat Central en la plaza de Brujas de València.
El motivo es que se ha otorgado la concesión a una empresa con convenio de empresa provincial, con lo que empeoran las condiciones laborales y salariales de los trabajadores respecto al convenio sectorial nacional.
Por otro lado, UGT pone sobre el tapete diversas irregularidades aparecidas, asegura, en los pliegos de contratación, como por ejemplo el hecho de que se ponderara como criterio de adjudicación un 75% al valor del precio ofrecido por las empresas que concursaban cuando la Ley 9/2017 establece que en servicios de seguridad privada no se pueden otorgar al precio más de un 49% del valor de ponderación en el acuerdo de Adjudicación, estando otro 51% dedicado a otros factores de calidad.
EMT reconoció ya entonces un error administrativo y publicó una nueva adjudicación, en la que se modificaba dicha ponderación del precio al 49% para los tres lotes del servicio que salían a licitación: seguridad, limpieza y servicios auxiliares. El resultado de la adjudicación, pese a esta modificación, mantuvo en todos los lotes a las mismas empresas adjudicatarias.
Por otra parte, en la información del expediente, EMT revela únicamente que han participado varias empresas, sin identificar públicamente cuales, ni las causas por las que la adjudicación fue a una y no a las otras. Desde UGT entiende esto como una “falta de transparencia que una administración pública, que debe mostrar el mayor respeto con los ciudadanos, no debería tener”.
La explicación que se da sobre dicho procedimiento es que ”esta adjudicación, es la que mejor se ajusta a los criterios de EMT”, sin explicar cuáles son los mismos ni hacer valer los motivos. Por lo tanto, entendemos que ha vuelto a evadirse la Ley 9/2017, en su artículo 151, que dice: “la notificación y publicidad que debe hacerse de la adjudicación, debe contener la información necesaria, que permita a los interesados en el procedimiento de adjudicación interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación…”
UGT viene denunciando desde años atrás, el enorme daño que las políticas de contratación al menor precio, vienen haciendo entre las personas trabajadoras, dado el enorme sufrimiento que supone para los trabajadores de contratas, que han visto como empeoraban sus condiciones de trabajo y se ponían en peligro sus derecho laborales.
Desde UGT, entendemos que la Administración, tiene un papel principal que jugar en el terreno laboral. Entendemos que el parlamento y el Gobierno hablaron claro en la aprobación y la publicación de la Ley 9/2017. No debe consentirse que la voluntad de un Parlamento, sea ninguneada por la voluntad de unos tecnócratas, y que la acción de un Gobierno en la defensa de una Ley sea ensuciada por prácticas caciquiles, que hace años debieron ser olvidadas.
