El caso conocido como del 'pitufeo' en el que juzgaba a asesores y concejales del PP en el ayuntamiento de València por el supuesto blanqueo de capitales durante las Elecciones de 2015, ha sido archivado este jueves por la sección 4ª de la Audiencia Provincial de València.
La decisión del tribunal de archivar provisionalmente las diligencias para 22 de los procesados en la causa se debe a que se considera que no existen indicios de la comisión del delito de blanqueo de capitales, por el que estaban encausados.
Así, se ha estimado hasta el momento el recurso de 39 de los 50 procesados, sobre los que ha acordado el archivo provisional, mientras que ha decidido continuar las diligencias contra otros dos por otros delitos: Mari Carmen García Fuster, exsecretaria del grupo municipal popular, y Juan Eduardo Santón, expresidente de la FIVEC y delegado de CEyD, por malversación.
Una de las magistradas ha emitido voto particular para 10 de los encausados, en cuyos casos ha participado para deliberar sobre los recursos, considerando que se debe seguir adelante y rechazar las alegaciones, al entender que sí que hubo blanqueo.
Los recursos de apelación de Alfonso Grau, exvicealcalde de València y José Salinas, exresponsable de Turismo València Convention Bureau, están aún pendientes de resolución.
Los hechos juzgados en esta causa consistían en el pago, por parte de los procesados, 1.000 euros como donativo en la cuenta que gestionaba García Fuster, que luego les eran devueltos presuntamente con dos billetes de 500 euros procedentes de dinero negro "recaudado" por Alfonso Grau, quedando así blanqueado.
Los magistrados exoneran al Partido Popular, también encausado en esta pieza del caso 'Taula', por considerar que no había conocimiento de la actividad ilícita porque "falta el enlace preciso y absolutamente necesario del conocimiento de que, con este operativo, se ayudaba y colaboraba en el blanqueo de capitales con la actividad delictiva previa origen del dinero". Asímismo sostienen que no se puede afirmar que los hechos fuesen cometidos por representantes legales ni empleados del PP ni que lo hicieran por cuenta del partido, tal y como había alegado el propio partido.
Para la sala es esencial la existencia o no del conocimiento por parte de los recurrentes de la actividad delictiva en el origen del dinero que se dice que se blanquea a través de la acción del 'pitufeo'.
Para el tribunal, el hecho de que la aportación de 1.000 euros para la campaña de 2015 fuera una decisión adoptada en el seno del grupo y que los que lo hicieron serían compensados con dos billetes de 500, "no es suficiente" para afirmar que acusados y partido sean autores de un delito de blanqueo, ya que no se sabe "de dónde viene" el dinero en cuestión. En este sentido, los magistrados exigen una mayor concreción mayor sobre tal conocimiento.
