El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha adjudicado las obras de mejoras funcionales y de seguridad vial y medidas de integración ambiental de la autovía A-7, en el tramo de los enlaces con la CV-32 y CV-35, del kilómetro 313 al 324, en la provincia de Valencia. El presupuesto de adjudicación asciende a 110'4 millones de euros.
Con tal fin, estas primeras obras contemplan la construcción de dos calzadas laterales, una a cada lado y adosadas al actual By-pass, que conectarán entre sí los enlaces actuales y permitirán separar el tráfico de agitación del de largo y medio recorrido. Concretamente, los enlaces a conectar son los que dan acceso a las carreteras CV-32, CV-310 y CV-35.
Igualmente, se incluyen las medidas necesarias para mejorar y minimizar tanto los actuales impactos ambientales existentes como los que puedan generarse como consecuencia de la actuación a ejecutar. Estas medidas ambientales están destinadas a la protección contra el impacto acústico y lumínico, la protección de la hidrología y calidad de las aguas, la protección de la vegetación, paisaje, fauna, espacios protegidos y el patrimonio cultural, así como al mantenimiento de la permeabilidad territorial y continuidad de los servicios existentes.
En el proyecto se han incorporado todas las prescripciones técnicas y ambientales recogidas tanto en la Declaración de Impacto Ambiental como en la aprobación definitiva del expediente de información púbica.
''Un proyecto contaminante y depredador del territorio''
Al otro lado, se encuentran asociaciones ecologistas y vecinales como la que constituye No+ByPass. Hace un mes se concentraron a las puertas del edificio de Delegación de Gobierno para pedir al Ministerio de Obras Públicas la paralización del proyecto.
Alegan que la obra, más que ayudar a oxigenar las ''kilométricas colas'' que se producen en este tramo, produciría el efecto contrario, que es justo lo que se pretende solucionar con la construcción de dos carriles.
