El colectivo denuncia que ninguna de las partes ha tenido en cuenta, en ese largo enfrentamiento en el que se ha convertido el soterramiento de las vías, a los afectados por el protocolo suscrito en 2007 por el Consistorio de Burjassot y la Conselleria que, desde que en 2005 se cediera el suelo en el que viven, no pueden alquilar sus bajos ni hacer obras en sus viviendas.
Este nuevo colectivo exige, sobretodo, información por parte tanto de los ayuntamientos como de la Conselleria. De hecho, denuncian que han tratado hasta en tres ocasiones de reunirse con el Ayuntamiento de Burjassot y no han conseguido que nadie les reciba.
Para el colectivo, “se está vulnerando un derecho fundamental: transparencia e información al ciudadano”. Esta situación fue la que llevó a la constitución del colectivo “para defensa y reivindicación no sólo de nuestros derechos sino la de toda la ciudadanía de Burjassot y Godella”.
Además de la colocación de una pancarta con el lema ‘Afectados por el soterramiento, olvidados por el Ayuntamiento’, el colectivo plantea otras medidas como recurrir a la vía judicial y al Defensor del Pueblo así como a movilizaciones cívicas.
El colectivo asegura estar a favor del soterramiento de las vías pero no del modelo de cofinanciación entre municipios y Generalitat para realizar las obras ni tampoco de ninguna actuación que suponga la expropiación de viviendas o el deterioro de la huerta.
Por ello, exigen a la Generalitat la búsqueda de soluciones para el soterramiento de las vías que supongan “el menor prejuicio posible, moral y económico, para los ciudadanos y vecinos afectados”. En ese sentido, plantean la posibilidad de que se retome un antiguo proyecto que utilizaba una tuneladora para abrir un camino al Metro por el centro del municipio (calle Colón, plaza de la Concordia y Pi i Margall) pero directamente por el subsuelo.
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