Los vecinos de Quart de Poblet han presentado, entre 2007 y 2008, un total de 525 solicitudes de prestaciones con cargo a la Ley de Dependencia pero la Generalitat sólo ha resuelto el 5% de estas peticiones, un hecho por el que la alcaldesa del municipio, Carmen Martínez, ha responsabilizado al “boicot que el PP” está haciendo a esta ley estatal.
El Ayuntamiento ha ofrecido estos datos en el acto de firma de un convenio innovador entre el Consistorio y el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (CERMI CV) por el que se pone en marcha en el municipio un servicio gratuito de asesoría jurídica por parte del abogado de esta entidad a las personas que han solicitado las ayudas y siguen esperando una respuesta del Gobierno autonómico.
La alcaldesa, Carmen Martínez, ha explicado que este convenio nace de la necesidad “de hacer lo que no hace la Generalitat, de prestar ayuda a todos los afectados por el boicot que el PP está haciendo a la aplicación de la Ley de Dependencia; un boicot que en mi pueblo, como en casi todos los pueblos de la Comunitat está generando miles de dramas todos los días en personas dependientes y sus familias hartas de esperar meses y meses, en personas que nunca llegarán a recibir ninguna prestación porque se les acabó el tiempo y la vida”.
En ese sentido, Martínez ha explicado que, de los 590 solicitantes, contando también los presentados en los primeros meses de 2009, han fallecido ya 76 esperando una respuesta de la Generalitat.
Por su parte, el presidente de CERMI, Joan Lluis Planells, ha advertido de que, desde CERMI CV, van a seguir “todos los caminos jurídicos posibles. Si llevan el ritmo que han llevado estos últimos cuatro meses, que es el máximo desde que empezaron, se tardaría 30 meses en tener al día los expedientes, eso en el supuesto de que no hubieran más solicitudes, con lo cual, nunca vamos a estar al día”.
En Quart de Poblet, 590 personas han solicitado la valoración de la situación de dependencia y se han emitido 40 resoluciones de prestaciones, la mayoría para el cuidador no profesional. Es decir, en 28 meses, la Generalitat sólo ha otorgado ayudas a 1 de cada 15 personas que la necesitan.
Asimismo, ha insistido en que esta iniciativa pretende “paliar una injusticia porque el boicot del PP a la ley lo pagan las personas dependientes que incluso llegan a fallecer sin haber recibido lo que les pertenece; lo pagan las familias, sobre todo las mujeres que siguen haciendo un gran sacrificio, y lo pagan los 17.000 posibles empleos que la aplicación de la ley generaría en la Comunitat Valenciana”.
Por último, ha anunciado que invitará al PP de Quart de Poblet ha sumarse a este proyecto: “Les invitaré a que reclamen a sus compañeros de partido el fin inmediato del boicot a la aplicación de la ley y a que cumplan con su obligación de anteponer los intereses de los vecinos y las familias a los intereses electorales del PP”.
El servicio entrará en funcionamiento la próxima semana y se prestará los miércoles por la tarde en dependencias municipales. Tanto Joan Planells como Carmen Martínez manifestaron su deseo de que “más ayuntamientos se sumen a este ejemplo y sigan el camino que emprendemos”.
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