El hombre investigado por los incendios registrados en la Devesa del Saler el 22 de octubre pasado, recientemente puesto en libertad, no podrá acercarse a la zona boscosa, tanto la de arbolado como la que presente vegetación baja, con excepción de todas las partes asfaltadas, así como la playa y todos los caminos habilitados por el Ayuntamiento para senderismo en zonas que no sean de bosques y las ajardinadas de las fincas donde reside.
Así lo ha decidido en un auto el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de València este mismo viernes a petición del Ayuntamiento de València, personado en la causa.
El investigado afirmó no tener inconveniente en aceptar ese alejamiento con tal de "colaborar con la Justicia", siempre y cuando no se incluyera en él las zonas que finalmente han quedado fuera de la medida.
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, anunció este jueves que el consistorio había pedido medidas cautelares para que el detenido por los incendios forestales en El Saler no pudiera acercarse al bosque, además de insistir en que desde el Ayuntamiento se va a hacer "todo lo posible para que esto no se repita".
El imputado, abogado de profesión de 59 años de edad, fue detenido por agentes del Seprona de la Guardia Civil el pasado 25 de octubre por la noche como presunto autor de los incendios que arrasaron tres días antes 16 hectáreas de bosque del Parque Natural de El Saler, considerado el auténtico pulmón verde de la ciudad y l'Horta de Valencia. Al día siguiente de su detención fue decretado su ingreso en prisión, quedando investigado, inicialmente y sin perjuicio de ulterior calificación, por delito de incendio forestal agravado.
La investigación intenta averiguar si el presunto pirómano es autor sólo de los dos incendios del 22 de octubre o también de los otros siete declarados durante ese mes en la misma zona. Incluso se baraja la posibilidad de que hubiera participado en otro incendio allá por el año 2005. Este punto es importante, puesto que si se demuestra la reincidencia en estos hechos, el arrestado podría enfrentarse a una condena de más de 20 años de prisión.
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